El Congreso validó el decreto que anula la intervención de Vicentin

Política

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo analizó el Decreto 636 del 31 de julio pasado, que deja sin efecto el firmado en junio pasado por el que Presidente y que había ordenado la intervención de Vicentin por 60 días.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación, que preside el diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri, analizó este lunes el nuevo decreto de Alberto Fernández que deroga la intervención de la agroexportadora Vicentin, y validó el nuevo DNU que deja sin efecto la medida.

La comisión se reunió a las 11 -a través de una videoconferencia- para analizar el Decreto 636 del 31 de julio pasado, que deja sin efecto el firmado en junio pasado por el que Presidente, que había ordenado la intervención de la empresa durante 60 días.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció el viernes pasado que anulaba el DNU 522/2020 ante las imposibilidades de que el Estado pudiera "conocer cuál es el pasivo real de la compañía" por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.

Al iniciar la reunión, Cleri defendió la validez del decreto 636 del Poder Ejecutivo, que deroga el que había dispuesto la intervención, y sostuvo que, con aquella medida, "se buscaba la continuidad de la empresa para salvaguardar los derechos de los acreedores".

El diputado del Frente de Todos por Santa Fe precisó que la oposición tendrá tiempo hasta este martes para presentar dictámenes de minoría, ya que si bien avalaron la derogación del DNU, criticaron los fundamentos incluidos en la medida.

Luego de señalar el irregular manejo de la empresa por parte de sus directivos, Cleri afirmó que desde que se dispuso la intervención "hubo muchas medidas de obstrucción por parte de accionistas y del juez". Además destacó la decisión del Presidente de dejar sin efecto la intervención "y seguir avanzando en las causas para recuperar las acreencias del Poder Ejecutivo".

Desde Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli dijo que si bien ese bloque opositor está "de acuerdo con la validez" del decreto 636, sostuvo que el presidente Alberto Fenández "debería tener presente, con todos los problemas del país, que el fin no justifica los medios".

Para Tonelli, "el presidente hizo bien en derogar el decreto, pero no con los fundamentos adecuados" y cuestionó que el mandatario "se haya referido a la obstrucción de la justicia" por considerar que "el juez sólo hizo ejercer la competencia que la ley de quiebras le atribuye".

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El jefe de Estado justificó la decisión y aseguró que su Gobierno no va a "estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco". Al explicar las razones por las que se decidió "no avanzar con Vicentin", se confirmó el reemplazo de Vicentin por YPFAgro con la idea de tener "una empresa que actúe en el sector agroexportador".

"El juez nunca aceptó que entráramos para aportar una solución en Vicentin. Nosotros queríamos rescatar a una empresa que era una referencia cerealera importante en el país, no a los directivos de la empresa. Para esto último estaba el gobierno anterior", dijo el mandatario en diálogo con El Destape.

Por otro lado, durante la reunión se produjo un contrapunto entre Tonelli y Cleri, en el cual intervino la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, quien pidió terminar con ese debate y planteó que "no se trataba de una charla personal", tras lo cual el diputado del PRO recomendó a la senadora mendocina que guardara silencio.

Al finalizar la reunión, Fernández Sagasti -quien participó en junio pasado del anuncio de la intervención- aseguró que "el único fin que tenía el Estado para disponer la intervención era asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo de productores que entregaron sus granos y fueron totalmente estafados" y sostuvo que la intervención de Vicentin fue "absolutamente constitucional y republicana".

Además coincidió con el Presidente en sostener que hubo una "actitud obstruccionista" por parte de la Justicia de Santa Fe y marcó el "escandaloso proceso de vaciamiento de la empresa que se produjo durante este mes y medio, con ayuda política de la oposición".

Ámbito reveló el fin de semana un informe de los peritos de la SIGEN, que relevaron 164 actas de directorio y detectó que existe una red de firmas controladas y/o vinculadas, directores que aparecen en otras empresas, toma de créditos sin control y un incremento del 126% del pasivo en menos de dos años, con una caída de su patrimonio neto del 88%.

https://twitter.com/alferdez/status/1289308914601701376

Este medio tuvo acceso al informe “Análisis de las decisiones adoptadas por el Órgano de Administración”, elaborado por la SIGEN, y lo primero que surge con suma evidencia es el gran menoscabo patrimonial que tuvo Vicentin SAIC entre el último Estado Contable cerrado el 31/10/18, y el “Estado detallado y valorado de activos y pasivos” al 10/02/20, incorporado en el expediente del concurso, que lleva adelante Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista.

Al 31/10/18, los libros contables mostraron una importante ganancia anual de $1.880 millones, según el correspondiente estado de resultados consolidados. El balance arroja que el total de activos era de $64.272 millones, de los cuales el 40% remite a activos no corrientes y el 60% a activos corrientes. Por su parte, los pasivos eran de $43.976 millones, de los cuales el 54% son pasivos corrientes. De esta forma, el Patrimonio Neto (activo menos pasivo) era de $20.296 millones.

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