Los senadores peronistas confían en que hoy podrán reunir los dos tercios de los miembros presentes para habilitar la votación del proyecto que prorroga por dos años la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo con relación a todas las facultades contenidas en leyes y decretos anteriores a la reforma constitucional de 1994.
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El radicalismo ya se comprometió a apoyar la sanción de la iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, pero debe ser tratado sobre tablas dado que recién ayer se firmó el dictamen en una breve reunión de comisión en la que no se manifestaron oposiciones al texto original. Por lo tanto, los senadores avanzarán con una proyecto menos conflictivo que el presentado en Diputados y que contempla sólo la legislación delegada anterior al '94, pero no de las facultades cedidas al Presidente de la Nación en los superpoderes original ni en la Ley de Emergencia Pública, que vencen el 31 de diciembre de este año y que serán tema de otra batalla política.
Esta será la tercera prórroga que se realizará, debido a que aún no se completó el digesto legislativo que permitirá saber el contenido de cada una de las normas en cuestión. Bajo el sistema de legislación delegada -es decir, potestades que la Constitución otorga al Congreso, pero que por un principio práctico de administración fueron cedidas al Ejecutivo-, se aprobaron, hasta la reforma de 1994, algo más de dos mil normas, en un recurso que ahora está prohibido por el artículo 76 de la Constitución nacional. Desde entonces, sólo se autoriza la delegación de facultades en cuestiones relacionadas con la administración estatal y en casos de emergencia pública.
• Convalidación
La Constitución reformada estableció en la cláusula transitoria octava que en cinco años los legisladores deberían convalidar las normas que surgieran del digesto que recopilará toda esa legislación, pero hasta ahora se sucedieron dos prórrogas en 1999 y 2002 sin que se analizara la cuestión de fondo.
El apuro del Congreso en sancionar la prórroga antes del 24 de agosto, momento en que vence la delegación, se basa en que, en caso de que no se apruebe, se daría una condición de inseguridad jurídica debido a que una infinidad de decisiones jurídicas que toma normalmente el gobierno podría perder su sustento legal.
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