Votan demorada ley que acumula penas

Gustavo Béliz

El Senado convertirá en ley pasado mañana la acumulación de penas, de acuerdo con el pacto público que celebraron la semana pasada peronistas, radicales y provinciales, pero demorará unos días más en tratar los proyectos contra la inseguridad que envió el viernes a la noche Gustavo Béliz al Congreso.

En la misma sesión del miércoles, la Cámara alta tiene previsto sancionar y derivar a Diputados una nueva delegación de poderes al Ejecutivo que, en principio, iba a recaer en el Consejo de la Magistratura. Esta vez, lo autorizarán a desviar expedientes judiciales a fueros menos congestionados, previa declaración de emergencia en la Justicia.

El proyecto, que apunta a agilizar los trámites en Tribunales y, sobre todo, a descomprimir la cámara comercial, tiene un fin loable, pero puesto en práctica mediante un mecanismo peligroso, el de seguir cediéndole atribuciones al gobierno que no le son propias.

• Otras discusiones

La emergencia será de carácter transitorio (no más de 2 años), y las modificaciones de competencia se podrán realizar mediante la atribución o el desplazamiento de otros fueros nacionales de las causas iniciadas con posterioridad al dictado de la medida.

Tras la cita que reunió a Néstor Kirchner con familiares de víctimas de la ola de delincuencia, el gobierno remitió al Senado iniciativas referidas al vaciamiento de empresas, asociación ilícita, restricción de excarcelaciones, protección de testigos y celeridad para actuar en delitos in fraganti.

El radical Jorge Agúndez, que administra la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, explicó que todavía no le giraron esos textos, razón por la cual sólo sacarían dictamen mañana sobre la sumatoria de castigos, una de las iniciativas clave todavía en discusión parlamentaria.

Agúndez y compañía todavía no se hicieron del proyecto que modifica el artículo 301 del Código Penal para elevar las penas de los delitos de vaciamiento de empresa -calificados como «delincuencia de cuello blanco»-, o del que cambia el artículo 210 y suprime términos confusos que dieron lugar a distintas interpretaciones sobre la asociación ilícita.

En el transcurso de esta semana, llegarían a la casa de las leyes otros 10 proyectos del plan de seguridad, algunos de los cuales sufrirán modificaciones a partir del aporte de los propios familiares de víctimas, según lo que dejó trascender el Ministerio de Justicia.

Por cuerda separada, hay otras discusiones sobre seguridad, a saber:

• En ambas cámaras, continuarán analizando esta semana las propuestas propias en materia de juicio por jurados y disminución de la edad de imputabilidad a 14 años (en el Senado organizaron seminarios sobre ambos temas).

En el primer punto, existe mucha resistencia, en especial, en la Cámara baja, ya que no está probada -dicen ahí- la efectividad del sistema en el exterior. En la Argentina, advierten varios legisladores, el juicio por jurados chocaría con la fuerte presión que suelen ejercer los medios de comunicación.

• Sigue demorado en Diputados el cobro de Ganancias a jueces que, según Béliz, servirá para financiar la creación de la Agencia Federal de Seguridad.

• También entró en el freezer la iniciativa, ya votada en el Senado, que persigue el juego ilegal. Esta norma les permitirá a las provincias cobrar multas y, de esta forma, encontrar recursos extra, entre otras cosas, para aumentar sueldos a las policías locales.