lunes 19.11.2018
Política
Busca llenar un vacío legal
jueves 15 de Junio de 2017

Oficialismo busca imponer "claúsula Odebrecht" al proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria

Cambiemos firmó dictamen en Diputados para el proyecto que impulsa el Ejecutivo. La oposición presentará cuatro dictámenes de minoría.

Cambiemos firmó dictamen en Diputados para el proyecto que impulsa el Ejecutivo. La oposición presentará cuatro dictámenes de minoría.

El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría para llevar al recinto antes de fin de mes el debate de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, mientras la oposición presentará cuatro dictámenes de minoría.

La iniciativa busca llenar el vacío legal que existe para la sanción de las personas jurídicas (empresas) que cometan delitos contra la administración pública, lo que permitiría además a la Justicia avanzar con mayor celeridad con el Código Penal sobre los funcionarios públicos que, por ejemplo, cobren coimas.

Los legisladores de Cambiemos incluyeron un artículo que permitiría que, en caso de ser aprobado, pueda aplicarse al caso Odebrecht para propiciar la colaboración de la empresa brasileña en el caso de las coimas que admitió haber pagado en la Argentina.

Se trata del artículo 37 que establece la vía administrativa para que las empresas alcanzadas "por hechos anteriores a la presente Ley" puedan ofrecer información, sorteando el impedimento de que toda ley penal no es retroactiva.

Lo cierto es que el oficialismo logró avanzar a pesar del amplio rechazo opositor a gran parte de la iniciativa, por el que presentarán dictámenes de minoría los bloques de Libres del Sur, UNA, Frente de Izquierda y Justicialista. El principal escollo que impidió un acuerdo entre Cambiemos y la oposición fue el propio artículo 37.

Pero para la oposición, este artículo es un "gris" que deja abierta la puerta a que los delitos se sigan cometiendo y que sus autores consigan acuerdos beneficiosos, en lo que es interpretado como un "pacto de impunidad".

Incluso el diputado Ricardo Alfonsín (UCR), aliado de Cambiemos en la Cámara baja, anunció que votará en disidencia la iniciativa porque no se incorporaron modificaciones que él propuso al artículo 37. El mendocino Luis Petri (UCR-Cambiemos) aclaró que el artículo 37 dice que si el acusado colabora puede ser dispensado de algunas sanciones administrativas, no penales: "Vamos por todos los delitos contra la administración pública para que se sepa quienes robaron y cuánto perjuicio hicieron al Estado".

Petri le contestó a Victoria Donda (Libres del Sur) quien rechazó la iniciativa por entender que cuando una persona jurídica firma como colaborador eficaz, cesa la persecución penal cuando en realidad merece todo el peso de la ley.

Para Pablo López (FIT) "esta ley es parte de un acuerdo del Gobierno con Odebrecht para salvar a las empresas encubriendo al propio Mauricio Macri y a los exfuncionarios de la administración anterior".

"Están buscando rescatar los negocios", dijo López en sintonía con el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) quien afirmó que "Odebrecht sigue trabajando en la Argentina y se sigue reuniendo con funcionarios del gobierno" de Macri.

Gustavo Fernández Mendia (Justicialista) sostuvo que la iniciativa padece un defecto de origen dado que establece que corruptos privados y públicos son distintos, cuando en realidad "a ambos lados del mostrador están los mismos", principalmente en áreas como las Obras Públicas y Energía.

Fernando Sánchez (Coalición Cívica) dijo que el oficialismo está "abierto" a enriquecer la iniciativa cuando conozca en el recinto los dictámenes de minoría que presentará la oposición y rechazó que exista un "pacto de impunidad" que motive esta ley. "La ley no elimina La responsabilidad penal, por lo que empresario que paga coimas o el funcionario que la cobra tienen la sanción penal correspondiente. Es una herramienta más para que los funcionarios vayan presos", dijo Sánchez.

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