Amenaza Montiel con pedir la intervención

«Le dije al presidente Eduardo Duhalde que si se planteaban algunas situaciones, le iba a reclamar al gobierno la intervención federal para ser repuesto en el cargo y para ser sostenido, como dice la Constitución nacional», advirtió.
Por la grave crisis, el viernes Montiel se reunió con Duhalde en Buenos Aires. Allí le pidió además un anticipo financiero de $ 100 millones (aguarda entre hoy y mañana la respuesta).

Para el mandatario entrerriano, se trata de «un problema que excede los límites de la provincia». «Se está en los bordes de situaciones institucionales que pueden encontrar remedio, a lo mejor, únicamente a través de la intervención del gobierno nacional», dijo.

Montiel se apoyó así en el artículo 6 de la Constitución nacional que -explicó- «señala que el gobierno federal interviene en las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, y a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas si hubieran sido depuestas por sedición». «Yo voy a hacer la defensa del gobierno hasta el último instante y con todos los instrumentos», advirtió, en declaraciones al periodismo local.

Desde el oficialismo argumentan que se trata de una embestida opositora «ilegítima», porque «el juicio político debió ser tratado en sesión especial una sola vez, y porque hay una medida de no innovar de por medio que frena la expulsión de los legisladores». La semana pasada el megabloque opositor expulsó a ocho diputados montielistas por sus sucesivas inasistencias, que impidieron conseguir el quórum necesario para tratar el juicio político.

«Hay un clamor mayoritario en el pueblo entrerriano, y es que este gobierno de Montiel es el más nefasto de la historia de Entre Ríos, y que debe funcionar a pleno la institución constitucional del juicio político para juzgar el mal desempeño del gobernador», contraatacó ayer el senador nacional y precandidato a gobernador, Jorge Busti. El ex mandatario justicialista denunció además que el gobierno provincial analiza «generar violencia» para mantenerse.

A pesar de la amenaza de Montiel, hasta el momento la postura del gobierno nacional fue la de impulsar «una solución institucional entrerriana a los problemas entrerrianos».
En este tenso marco, este fin de semana se profundizó el conflicto entre el Poder Legislativo y el Judicial. Fue luego de que un fallo judicial confirmara la medida cautelar de no innovar que beneficia a los ocho legisladores montielistas (y que no fue reconocida por el megabloque opositor, que finalmente los expulsó). Allí se establece que deben ser restituidos a sus bancas.

El presidente de la Cámara de Diputados, el radical disidente Julio Rodríguez Signes, adelantó ayer a este diario que los legisladores opositores harán hoy una presentación contra la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia provincial porque es «una intromisión de un poder sobre otro».
Hoy se activará además otro capítulo del contraataque oficialista, ya que está previsto que el congreso partidario del radicalismo expulse a los legisladores disidentes. Además aguardan el resultado de un fallo por el cual esperan que le restituyan las 6 bancas de los díscolos, amparándose en que la Constitución provincial (artículo 51) le concede «mayoría automática» en la Legislatura.

Si bien Montiel admitió este fin de semana que estaría dispuesto a adelantar los comicios provinciales, las negociaciones para encontrar una salida «elegante» a la crisis parecen haberse paralizado. «El único interlocutor de Montiel ahora es el gobierno nacional», admitió un allegado al mandatario.
Mientras tanto, la oposición -justicialistas y aliancistas disidentes- aguarda la confirmación por parte del Tribunal Electoral del nombramiento de los ocho legisladores suplentes (tiene plazo hasta el jueves). «Superado ese plazo, les tomará juramento la Cámara», advirtió Rodríguez Signes.
El dato no es menor: la nueva conformación legislativa le abrirá la puerta a la oposición para iniciarle el juicio político a Montiel, entre otras razones, por la emisión de bonos por decreto.