Apura Nación el control del gasto en las provincias

El gobierno nacional intenta así mostrar ejecutividad en materia de control del gasto público en el país, tras haber retomado las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). «A la par de que se vuelve a hablar con el Fondo, el avance de esta ley formará parte del esquema de negociaciones», leyó ayer un funcionario provincial.Precisamente, esta norma nació para intentar poner un manto de olvido sobre el fracaso en las negociaciones en pos de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, también reclamada por el FMI.
 Contradicción
Sin embargo, la apuesta desde la Casa Rosada hacia una racionalización del gasto y del endeudamiento en las provincias entra en cortocircuito con el actual escenario nacional, producto en buena parte por desacertadas políticas unilaterales de Néstor Kirchner.
Por caso, tras un 2004 signado por las presiones gremiales en pos de aumentos salariales, que obligó a casi todos los gobernadores a otorgar recomposiciones de sueldos, nuevamente los mandatarios encuentran focos de amenaza desde Balcarce 50. Por eso, siguen de cerca las promesas presidenciales en materia de subas del salario mínimo y de jubilaciones, que podrían desencadenar nuevos planteos en sus distritos.
Si a este peligroso rubro para las arcas locales se suman los riesgos de un año electoral, que impulsa un aumento en el gasto público, el terreno final para los gobernadores es más que complicado en materia de cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Producto de estos nubarrones, no se descarta que algunos funcionarios del interior aprovechen hoy el megaencuentro Nación-provincias para plantearle a Lavagna su preocupación por este escenario, pese a no estar en la agenda oficial de conversaciones.
 Agenda
En la cumbre de hoy a las 12 -a la que asistiría, además, el secretario de Hacienda, Carlos Mosse- está prevista la aprobación del reglamento interno del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, y la integración del denominado Comité Ejecutivo.
En los hechos, si bien la ley ya rige desde el 1 de enero, esta avanzada activará «la puesta en marcha de la operatividad del consejo y del comité», que podrán formalmente «empezar a monitorear, con control estricto», el estado de las finanzas del interior del país, según lo explicado ayer a Ambito Nacional por un funcionario provincial. Aunque, en rigor, las sanciones por eventuales incumplimientos recién podrán ser dictadas desde 2006, a partir de una comparación de tipo interanual.
El citado consejo, órgano de aplicación de la ley, estará integrado por todos los ministros de Economía provinciales que adhirieron a la norma y por Lavagna. En cambio, el Comité Ejecutivo sólo estará formado por un representante de Nación -que lo presidirá- y por funcionarios de Hacienda de ocho provincias.
Precisamente hoy terminará de definirse la integración de este «grupo de los nueve» -además de dos vicepresidencias-, aunque habría consenso para que sea formado por dos enviados de cada una de las cuatro regiones en que se dividió el país. Dentro de cada región, se designaría al representante por orden de adhesión a la norma, con rotación anual.