Consenso Fiscal III: compromiso, deuda y (otra vez) la caja

Ambito Nacional

Podríamos hacer un revisionismo histórico de los vaivenes que ha tenido nuestro sistema tributario a lo largo del tiempo pero no nos alcanzarían los pocos caracteres permitidos para esta nota. Tal vez se pueda resumir con tres palabras: la deuda, el compromiso y la caja. Veamos:

¿A qué llamo “la deuda”? No señor lector, no me refiero al FMI o los holdouts. Me refiero a un gran pendiente que tenemos como país y consiste básicamente en ponernos de acuerdo cómo repartir los recursos públicos. Una nueva ley de coparticipación federal, con reglas claras y que defina los parámetros para la distribución.

¿El “compromiso”? Bueno, hubo varios? No es por meter el dedo en la llaga, pero por mencionar uno: la reforma constitucional del 94 comprometía a sancionar una nueva ley de coparticipación antes de la finalización de 1996? Se nos venció un poquito el plazo. Pero vamos a ahondar en el acuerdo firmado por los gobernadores, el jefe de Gobierno porteño y el Presidente en 2017, llamémosle Consenso Fiscal Parte I. En dicho acuerdo se comprometía entre otras cosas consensuar una nueva ley de coparticipación en algún horizonte no tan lejano (permítanme por ahora la inocencia).

Con esta iniciativa también se buscaba readecuar cómo las provincias generan recursos públicos y cómo los gastan. En lo que hace al principal y más distorsivo impuesto provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos, este compromiso buscaba, entre otras tantas cosas, eximir inmediatamente a las exportaciones de bienes (hasta ese momento solo Misiones las gravaba), y a las exportaciones de servicios, esto es servicios prestados en Argentina con utilización económica en el exterior. Y, progresivamente bajar la carga tributaria en varias actividades pero fundamentalmente en la industria manufacturera hasta llegar a eximirla en 2022.

Asimismo, en materia de impuesto de sellos y inmobiliario algunos de los compromisos fueron: no incrementar las alícuotas de sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios; establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de impuesto a los sellos del 0,75% a partir del 1 de enero de 2019, 0,5% a partir del 1 de enero de 2020, 0,25% a partir del 1 de enero de 2021 y eliminarlo a partir del 1 de enero de 2022; fijar alícuotas del impuesto inmobiliario en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal.

Nación también comprometió varios cambios respecto a compensaciones a provincias y también algunos que hoy nos podrían llamar un poquito la atención, como por ejemplo: no crear impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota de bienes personales.

¿Qué pasó luego? La “caja” otra vez no cierra. ¿Mucho gasto público para los ingresos que tenemos o poco ingreso público para afrontar los gastos? Paradigma del ajuste.

La historia continúa con la firma de un “Consenso Fiscal parte II” en 2018 que modifica el primer acuerdo y suspende el compromiso de no subir Bienes Personales.

Y ahora, tenemos un nuevo acuerdo firmado el 17 de diciembre de 2019, el Consenso Fiscal parte III. Esta nueva modificación vino a suspender todos los compromisos arriba citados (entre tantos otros no mencionados en este artículo) hasta el 31 de diciembre de 2020. Claramente, esta ¿última? modificación permite el incremento de impuestos o suspensión de reducciones de alícuotas sobre ingresos brutos, sellos e inmobiliario, entre otros.

Comenzó el 2020, y nuestro sistema tributario sigue reflejando esa deuda que tenemos hace más de 20 años: no nos podemos poner de acuerdo. Continuamos con compromisos pospuestos u olvidados que terminan siendo rehenes de las políticas de corto plazo. Y otra vez esa caja que no cierra?

(*) Contador Público, licenciado en Administración de Empresas. Asociado por el Dpto. de Asesoramiento Fiscal de SMS-San Martín, Suarez y Asociados.

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