8 de febrero 2006 - 00:00
Contaminación: el papel del Estado
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Los gobiernos, el provincial de Entre Ríos y el nacional, poco han hecho hasta ahora para propiciar un debate que ineludiblemente habrá que afrontar y resolver con madurez. La Argentina (es decir, el conjunto de provincias que conforman la Nación) requiere de una política clara al respecto que garantice la tranquilidad ciudadana y la seguridad empresarial.
Es indiscutible que las plantas que elaboran celulosa (entre otras que manipulan productos químicos para otras actividades industriales) constituyen un riesgo para el medio ambiente si no existen controles adecuados. Sin embargo, no es razonable que debido a las falencias del Estado para vigilar a las fábricas que utilizan tecnología contaminante se pierdan valiosas inversiones que darían mano de obra y fomentarían el desarrollo económico y social.
Corrientes
Para Corrientes el tema es de vital importancia. Es la provincia con mayor producción forestal del país y podría cerrar el ciclo económico con el procesamiento industrial de la materia prima que aportan los bosques plantados. El gobierno correntino ya adelantó su predisposición a recibir a las «papeleras», pero esa hospitalidad va a contrapelo del alerta ecologista que recorre la Mesopotamia fogoneado por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que por estos días mantiene cortadas las rutas que conectan al Uruguay.
La efervescencia social se alimenta además en las contradicciones entre las provincias y la Casa Rosada, que no aciertan en un discurso unificado, producto, justamente, de la ausencia de una política de Estado.
La incoherencia llega a tal punto que mientras en Entre Ríos protestan por las papeleras, en la Argentina ya existen, diseminadas en distintos puntos de la geografía nacional, diez plantas celulósicas. También se encuentran bajo sospecha por sus efectos contaminantes. Tres de esas fábricas están en Misiones. ¿También hay que pedirles que bajen las persianas?




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