La multisectorial de gremios estatales de Córdoba comenzó a cumplir esta semana con el plan de protestas que acordaron la semana pasada sus miembros, en contra de la reforma previsional que el gobernador Martín Llaryora logró que aprobara la Legislatura a días del cierre de 2025. La primera acción de visibilización se concretó en el peaje de la autopista que une a la capital provincial con Carlos Paz. La decisión generó malestar en El Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno, y produce incertidumbre sobre si una acción similar podría repetirse en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en donde estará el presidente Javier Milei el próximo viernes 13.
13 de enero 2026 - 19:50
Córdoba: gremios profundizan las protestas contra la ley previsional a días de la llegada de Javier Milei
Trabajadores de distintos sindicatos estatales protestaron en el peaje que une a la capital con la turística ciudad de Carlos Paz. Denuncia judicial en contra de la manifestación. Se teme que haya una nueva acción cuando el Presidente visite el Festival de Doma y Folclore de Jesús María.
-
Baja de impuestos y un guiño a Nación: Martín Llaryora anticipó cómo será el Presupuesto 2026 de Córdoba
-
Cierra el año con frentes de conflictos para los gobernadores de Córdoba, Chaco y Entre Ríos
La protesta de los estatales en el peaje que une a la capital de Córdoba con la turística Carlos Paz.
La acción se concretó el lunes al mediodía, en horario pico y durante dos horas, y fue protagonizada por trabajadores enrolados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), entre otros. La multisectorial cuestiona la Ley de Equidad Jubilatoria porque, según lo denunciaron, incrementa los aportes tanto para trabajadores activos como para jubilados, modifica el cálculo de los haberes jubilatorios y genera, a futuro, menores salarios y jubilaciones por mayores descuentos progresivos.
"Esta ley impacta directamente en el salario diferido de los trabajadores y no resuelve el problema de fondo de la Caja", sostuvo Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, a los medios presentes en la manifestación, quien aclaró que no hubo un corte total de la circulación de vehículos. Lucía Bonafé, secretaria de AGEPJ, cuestionó el espíritu de la norma y afirmó que "lejos de ser equitativa, interviene en el bolsillo de los trabajadores para resolver el déficit previsional". Además, reclamó transparencia en las cuentas del sistema jubilatorio y la apertura de instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo provincial.
Unas más tarde de la finalización de la protesta, la empresa de peajes Caminos de las Sierras, en la que tiene participación mayoritaria la provincia de Córdoba, presentó una denuncia penal en contra de las entidades sindicales que participaron. Pero lejos de calmar los ánimos, este martes se concretó una nueva reunión de los referentes de la multisectorial en la sede de los judiciales de GEPJ, en donde aprobaron un duro pronunciamiento.
Por cuerda separada, la CGT Córdoba también se pronunció y expresó "su plena solidaridad y acompañamiento a los gremios, a la vez que repudia enérgicamente la denuncia presentada por Caminos de las Sierras contra las entidades sindicales, en un claro intento de criminalizar el legítimo ejercicio del derecho constitucional de huelga durante la jornada de protesta".
"La protesta no es un delito"
El documento acordado por los secretarios generales de los gremios arrancó con un "repudio enérgico a la denuncia realizada por Caminos de las Sierras, que intenta judicializar una protesta legítima y criminalizar el derecho constitucional a reclamar". En otro párrafo afirmaron: "Frente al ajuste, la protesta social no es un delito: es la única herramienta que tenemos las y los trabajadores para defender el salario y una jubilación digna. Exigimos la derogación inmediata de la ley previsional impulsada por el gobierno provincial, que incrementa los aportes de las y los trabajadores activos y reduce de manera directa los haberes jubilatorios, consolidando un esquema de licuación permanente de ingresos".
También el pronunciamiento hizo referencia a la actitud del Gobierno nacional de retacear el envío de recursos para cubrir el déficit de la Caja, una de las 13 que no fueron transferidas en su momento a la Nación. "Reclamamos al presidente Javier Milei y al Gobierno la devolución urgente de los fondos previsionales adeudados a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, recursos que pertenecen a las y los trabajadores y cuya retención agrava el desfinanciamiento del sistema previsional provincial", sostuvieron.
El documento concluyó con el pedido de conformación de una "mesa provincial de diálogo para avanzar de manera conjunta con el gobierno provincial en relación a posibles soluciones al problema previsional cordobés".
Respaldo judicial
La protesta de los estatales cobró impulso por la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación, que ordenó a la Caja de Jubilaciones "abstenerse de aplicar" el artículo 2 de la Resolución 496 del Ministerio de Economía sobre una jubilada provincial, hasta tanto se resuelva el fondo del amparo.
En los hechos es una medida de no innovar que puso en guardia al equipo legal del Panal por la neutralización de la ley. Por esta razón, los gremios también acordaron que desde el primer día de enero se habilitarían equipos de abogados para que los jubilados estatales o activos que deseen hacer una denuncia, tengan la posibilidad de recibir asesoramiento y concretar esa acción judicial.
Por otro lado, jubilados autoconvocados que impulsaron una iniciativa popular con reclamos sobre el sistema jubilatorio, argumento que fue utilizado por el gobernador Martín Llaryora para lograr la sanción de la reforma previsional, confirmaron la apertura de un frente judicial en continuidad del reclamo contra el Gobierno provincial y la Legislatura. En ese pronunciamiento, cuestionaron que no se haya respetado “la voluntad del pueblo” y adelantaron que, una vez finalizada la feria judicial, interpondrán un amparo colectivo el mismo 2 de febrero, con la intención de llevar el planteo, de ser necesario, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Queremos que sepan que nuestra lucha no terminó. Pedimos paciencia por la feria judicial, pero el reclamo sigue firme", señalaron en el mensaje que se difundió por redes sociales, en el que también expresaron un fuerte repudio político a las autoridades provinciales responsables de la sanción de la ley. En esa línea, confirmaron que en el 2026 volverán a juntar firmas para volver a exigir una mejora en los haberes y derogar la llamada Ley de Equidad Jubilatoria.
Acciones sorpresa
Por estas horas, prima la incertidumbre en La Libertad Avanza de La Docta porque se confirmó que el presidente Javier Milei estará presente en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en donde ya estuvo en dos ocasiones Victoria Villarruel, como vicepresidenta de la Nación. Los organizadores de la visita, un mes después del acto por el "tour de la gratitud", temen que una acción de la multisectorial de los estatales empañe la presencia del jefe de Estado, debido a que los gremios mencionaron al festival como un espacio para la visibilización de sus reclamos.
Desde que arrancó el año no se expresó ningún referente del llaryorismo a favor de la reforma de la ley previsional pero el gobierno difundió en algunos medios algunos ejemplos sobre las liquidaciones de diciembre, que estuvieron acompañadas por un bono, para demostrar que ningún jubilado cobró de menos. La comunicación oficial destacó que tampoco hubo una disminución en las jubilaciones más elevadas, que superan los $ 3.500.000, sobre las que se implementó un "aporte solidario" de un 8% para equilibrar el déficit de la Caja.
Dejá tu comentario