Entre Ríos - Los ambientalistas de Gualeguaychú radicalizaron el fin de semana su enfrentamiento con el Gobierno al recalcar que sólo liberarán la ruta que capturaron hace cuatro años si se ordena el desmantelamiento de Botnia. En simultáneo, pidieron mantener un diálogo previo a la embestida judicial del Gobierno con el juez de Concepción, Gustavo Pimentel, para explicarle las razones de la resistencia.
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La afrenta es una entelquia en sí misma, no sólo porque para el Estado eso no está en discusión, sino porque La Haya ya determinó que la pastera no contamina y, por lo tanto, no habría motivos para que se ordene el traslado.
En cambio, lo que sí queda claro es que los ambientalistas están dispuestos a quedarse en Arroyo Verde más allá de las denuncias que el Gobierno efectivizará esta semana ante la Justicia federal de Concepción del Uruguay tras la firma del decreto presidencial que habilita dicha embestida, que tramita ante el juez federal subrogante Pimentel. A partir de allí, la fiscal federal Milagros Squivo establecerá si hay méritos suficientes para que la causa avance.
En ese cúmulo de enredos y contradicciones, los vecinos consideran además que admitir un control conjunto entre ambos países -tal como lo dictaminó La Haya- para monitorear los niveles de contaminación de la pastera es aceptar su funcionamiento.
«Esa medida sólo servirá para confirmar que existe contaminación, no para prevenirla», argumentan.
En simultáneo, la Iglesia de Entre Ríos volvió a interceder en el conflicto al propiciar un acercamiento entre las partes (Gobierno y ambientalistas). El arzobispo de Paraná, Mario Maulión, reveló que «trabaja en la búsqueda de un acercamiento entre las partes, que no es fácil» y se pronunció a favor de una solución pacífica del conflicto, luego de que el Gobierno decidió querellar a los asambleístas por el bloqueo del puente internacional General San Martín.
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