Crece polémica por aumento en tasa que aplican comunas

Como conclusiones, el análisis establece que más allá de las críticas legales que puedan existir sobre la Tasa de Abasto, la aplicación práctica que tiene en los municipios de Buenos Aires genera un impacto negativo sobre las decisiones de consumo.El estudio determina que desde el punto de vista de las empresas la Tasa de Abasto puede ser considerada como otro tributo, adicional a la Tasa de Seguridad e Higiene y al Impuesto a los Ingresos Brutos, que incide sobre la actividad económica.
 Particularidad
Este impuesto tiene como particularidad que grava el ingreso de productos alimenticios, perecederos o no, provenientes de otras jurisdicciones, y se cobra sobre las unidades de medida de los productos (kilo, litro, docena, res, paquete, lata, etcétera).
En un informe presentado ayer, la Fundación Mediterránea critica que la Tasa de Abasto se cobra de un modo heterogéneo entre los distintos municipios, lo que eleva los costos de cumplimiento para las empresas. Además, resalta que este impuesto genera una aduana interior y que, en muchos casos, no se verifica en la práctica el servicio de control y/o inspección, aplicándose con meros fines recaudatorios.
El estudio de la Fundación se basa en el análisis de 20 municipios que engloban 52 por ciento de la población de la provincia: Almirante Brown, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Malvinas Argentinas, Berazategui, Moreno, Escobar, Morón, Esteban Echeverría, Pilar, Ezeiza, Quilmes, General San Martín, San Nicolás de los Arroyos, José C. Paz, Tres de Febrero, La Matanza y Tandil.
Sólo tres de estos municipios no aumentaron la tasa de Abasto entre 2002 y 2005 (Avellaneda, Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas) y sólo Ezeiza redujo los cargos para algunos productos.
El resto de los municipios, al menos en alguno de los años englobados, aplicó algún tipo de incremento, amplió la canasta gravada, o ambos. Asimismo, el análisis detalla cómo impactan estas tasas en los precios de los bienes y en el gasto de los consumidores. El estudio parte del supuesto de que todos los productos son introducidos en el municipio, por lo que todos los productos alimenticios se encuentran sujetos al pago del gravamen.