Escoltan a legisladores para evitar agresiones

Signo de estos tiempos: los gobernadores ya salieron a blindar la seguridad de diputados y senadores nacionales para evitar que sean alcanzados por nuevos escraches de iracundos ruralistas, disconformes con el aval que les dieron en el Congreso a las retenciones móviles.
La medida fue confirmada ayer por el mandatario entrerriano Sergio Urribarri respecto de los justicialistas Nelio Calza y Raúl Solanas, quienes que en la Cámara baja votaron a favor de la continuidad de la polémica Resolución 125. Sobre ambos legisladores pesa la amenaza concreta de escraches, blandida por productores entrerrianos.
Sin embargo, otros ejecutivos provinciales ya aceleran también un refuerzo en la seguridad de los legisladores nacionales oficialistas, convertidos en virtuales blancos móviles de la impotencia del agro.
Precisamente, ayer el diputado nacional tucumano Alfredo Dato denunció que fue «amenazado de muerte» telefónicamente y consideró que la Justicia cuenta con los elementos necesarios para identificar a los responsables.
Dato, Germán Alfaro y Alberto Herrera habían sido alcanzados por una virulenta protesta de ruralistas cuando desembarcaron en el aeropuerto de Tucumán el pasado sábado. Luego, Dato fue increpado en su vivienda.
«No tienen perdón de Dios», aseguró poco después el mandatario provincial José Alperovich.
En este marco, ayer Dato se presentó ante la Fiscalía VII, a cargo de Adriana Giannoni, para efectuar la denuncia y aportar los elementos necesarios para establecer el origen de la llamada telefónica, ya que «quedó registrada en la empresa que presta el servicio».
Además, el diputado -y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial- ratificó la denuncia por intimidación pública contra el grupo de productores «autoconvocados» que lo increpó el pasado fin de semana.
Pocas horas después del violento episodio que afectó a los tucumanos, también fue víctima de un escrache la diputada nacional del Frente para la Victoria chaqueño Viviana Damilano, de la mano de una andanada de huevazos que alcanzó a su casa de la localidad de Las Breñas.

 Repudio

En este marco, Urribarri -ultraalineado con la estrategia de Cristina de Kirchner frente al agro- repudió ayer las amenazas de nuevos escraches -definidos en una asamblea de productores en María Grande- contra los dos legisladores nacionales entrerrianos.
«Los diputados Solanas y Calza son hombres de bien que votaron a conciencia por una ley con la que estuvieron de acuerdo desde un principio; ahora hay unos señores a los que eso no les gusta y entonces les prometen palos y malos momentos a ellos y sus familias», denunció el gobernador.
Según Urribarri, «éstos son actos intimidatorios que un gobierno democrático no puede tolerar, porque son ataques a la democracia; son actos de intolerancia política y que, por lo tanto, alientan la violencia social».
En esa línea, sostuvo además que «son malos ejemplos para la juventud» y anticipó que su gobierno va a ser «muy estricto en su actuación» sobre este tema. «Ningún ciudadano, diputado o no, debe sufrir el amedrentamiento y la extorsión por razones de conciencia», insistió, además de exigir «el pronunciamiento público de repudio a estas acciones por parte de las organizaciones agrarias que protestan, y también de los principales dirigentes autoconvocados y de todos los dirigentes que los han apoyado».
«Es evidente que hay provocadores que no tienen ninguna intención de respetar las leyes, ni las impositivas, ni las penales; amenazar que van a ir a escrachar y provocar a los legisladores y sus familias es verdaderamente repudiable», enfatizó, por su parte, el presidente del PJ de Entre Ríos, José Cáceres.
En este delicado escenario, ayer la senadora kirchnerista Blanca Osuna (Entre Ríos) recibió a un grupo de dirigentes agropecuarios, aunque con la condición de que repudiaran el sistema de «escraches» a legisladores. Por su parte, su par en el Senado, Pedro Guastavino (FpV), también se reunió con productores, con el combativo líder de la Federación Agraria Argentina enterriana, Alfredo De Angeli, a la cabeza. Allí insistió en que avalará las retenciones.
En paralelo, en Tucumán, fue sugestivamente clausurado en la madrugada de ayer el café Las Palmas, cuyos propietarios -cañeros- habían dado su apoyo público a los ruralistas y supuestamente declarado «personas no gratas» a los diputados que votaron el proyecto del oficialismo.
La medida fue concretada por inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental, sobre la base de una orden de un juez de faltas.
Mientras tanto, en Chaco, organizaciones sociales y políticas -encabezadas por el subsecretario de Derechos Humanos del Chaco, Carlos Martínez, y el diputado provincial Daniel San Cristóbal (Frente Grande)- marcharon ayer hasta la sede de la Sociedad Rural en Resistencia para expresar su «repudio» al escrache de que fuera objeto días atrás la diputada Damilano.
Allí Martínez confió en que la Justicia actuará «de oficio»; caso contrario, adelantó que harán la denuncia correspondiente.