Escribanos van a la Justicia por 40 mil trámites paralizados

Buenos Aires - El Colegio de Escribanos de la provincia presentó ayer un recurso de amparo ante la Justicia civil para que se ordene la normalización de las actividades del Registro Provincial de la Propiedad, el cual se encuentra paralizado desde hace semanas por un conflicto laboral y afecta a cerca de 40 mil trámites vinculados con operaciones inmobiliarias. La entidad presentó un amparo ante la Justicia civil y comercial de La Plata, en el que destaca que el paro de actividades afecta el derecho al trabajo del sector, además de impedir la labor de martilleros y abogados, según precisó un vocero del colegio.
En tanto, los empleados del Registro Provincial de la Propiedad -quienes protagonizan el conflicto principal-rechazaron ayer un acta acuerdo con el gobierno provincial,al persistir en su reclamo de que se modifique la ley que creó la nueva Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), cuyo director, Santiago Montoya, asumió anteayer.
Además, los trabajadores piden el pago de un adicional y la incorporación al básico de cifras no remunerativas.
Se estima que debido al paro del Registro de Propiedad están paralizados unos 40 mil trámites vinculados con operaciones inmobiliarias, y se prevé que se seguirá extendiendo al menos a lo largo de toda la semana.
Camilo Ríos, delegado de Organización de Junta Interna, dijo que la asamblea resolvió extender por tiempo indeterminado el paro de actividades. Asimismo, los trabajadores analizaban ayer nuevas medidas y aseguraronque trabajarían en una contrapropuestaal acuerdo realizado por los gremios y el gobierno.
El delegado supeditó el levantamiento del paro a la modificación de algunos artículos de la ley que crea la Agencia de Recaudación de Buenos Aires y que, según entienden, afecta a la ley de convenio que hasta ahora regulaba la actividad del organismo.
«Pedimos que se reformule la ley que crea el ARBA, que como no fue promulgada aún es pasible de veto», señaló Ríos al tiempo que remarcó que esperan «una nueva convocatoria al diálogo».
En ese sentido, detalló que puntualmente se oponen a los artículos 2 y 24 que confieren facultades al recaudador Santiago Montoya para que, entre otras cosas, maneje los fondos de la ley de convenio.