Grave: tomaron otra vez planta petrolera

El clima anoche era de tensión, y mientras la planta estaba rodeada por más de un centenar de efectivos de la policía provincial, las empresas petroleras que operan en la zona se esperanzaban con una orden judicial de desalojo. En la zona se encontraba además el secretario de Seguridad santacruceño, Juan Baloi Pardo. Se trata de los mismos 150 beneficiarios de planes sociales -anoche quedaban 80- que desde hace una semana mantenían sitiada la Municipalidad de Caleta Olivia. Ante la negativa del intendente Fernando Cotillo de otorgar puestos con salarios superiores a $ 500, decidieron redoblar la apuesta e ingresar por la fuerza a Termap. «Ahora, el reclamo de empleo efectivo y sueldos de $ 700 se lo trasladamos a las petroleras, porque con el municipio no queremos saber nada», dijo ayer una activista.
Bajo esta consigna, por la tarde abandonaron la sede comunal -que quedó custodiada por la Policía y habría sufrido daños por $ 300 mil- y se dirigieron a la planta. Una vez allí, cortaron la Ruta Nacional 3, rompieron el portón del predio con un hacha y se enfrentaron a la decena de guardias de seguridad con palos y piedras. A pesar del agua a presión que les arrojaron, lograron entrar y, trepados a los tanques de combustible, reclamaban anoche a las petroleras contratos con sueldos de $ 700.
La violenta avanzada no es nueva ni casual, ya que cuenta con peligrosos precedentes:
c El día anterior, en Pico Truncado, activistas habían logrado, tras menos de una jornada de ocupación de la planta deshidratadora de crudo de Repsol YPF, que esta empresa y las otras dos operadoras de la zona (Vintage Oil y PanAmerican) se hicieran cargo de 420 contratos de $ 700, más aportes y obra social, para realizar obras municipales.
c Tres semanas antes, también había sido tomada Termap -durante 12 días-, con serio riesgo para la comunidad por la posibilidad de incendios en los tanques. El resultado: el piqueterismo se alzó con cerca de 150 contratos petroleros por hasta $ 1.200.
 También cuentan a su favor con la inacción que mostró el gobierno provincial en tomas anteriores, incluso ignorando -según las empresas- una orden de desalojo durante el prolongado conflicto en Caleta Olivia.
Las firmas petroleras que operan en la zona son virtualmente rehenes de este conflicto. Durante los últimos 4 años, Repsol YPF sufrió en el norte de Santa Cruz 20 medidas de fuerza en su contra, por las cuales debió responder con más de 2.000 subsidios; en tanto que entre 1998 y 1999, crisis del petróleo mediante, destinó u$s 6 millones en subsidios para evitar conflictos con empleados cesanteados.