Insiste Nación: “Provincias deben renunciar a juicios”

Aníbal Fernández, Ricardo Colombi, Juan Schiaretti

El Gobierno nacional salió a ratificar ayer que los mandatarios provinciales deberán dar marcha atrás en los planteos judiciales por fondos para poder acceder al Programa Federal de Desendeudamiento lanzado por Cristina de Kirchner.

La condición de la Casa Rosada para sellar los acuerdos que les permitirán a los distritos recibir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $ 9.800 millones dificulta las negociaciones, que ya están a punto de alcanzar la fecha tope que impone el decreto presidencial 660/2010 con el que se oficializó la medida.

De hecho, desde el anuncio en mayo pasado hasta hoy, sólo Buenos Aires, Chaco y Tucumán adhirieron al programa y se aseguraron el 23 de junio $ 5.167 millones de esos ATN para ver reprogramada deuda por $ 35.107 millones.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue la figura nacional que se encargó ayer de ratificar la letra chica de los convenios bilaterales, que empantana el sendero para el resto de las provincias (excepto las que no tienen deudas con Nación y no se ven alcanzadas por el plan: La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz y San Luis, además de la Ciudad de Buenos Aires).

«A todas las provincias les hemos planteado que no puede seguir habiendo juicios cuando el Gobierno nacional les está dando una quita tan grande», señaló el jefe de ministros durante su breve estadía en Corrientes, adonde viajó para participar del aniversario fundacional de la ciudad de Pedro R. Fernández.

«Si sólo tres distritos han firmado el convenio hasta el momento, es porque han cumplido con lo que pedimos», indicó y luego subrayó que el objetivo del Gobierno nacional «es de desendeudar y se está cumpliendo, hay que seguir con las provincias».

No es casual el escenario que Fernández eligió para sus declaraciones. La semana pasada, el ministro de Hacienda correntino, Enrique Vaz Torres, viajó a la Capital Federal para reunirse con el equipo de Economía que comanda Amado Boudou para intentar dar un paso y ponerle fecha a la firma del programa.

En tanto, el gobernador radical Ricardo Colombi confirmó el fin de semana pasado que el desendeudamiento se rubricaría «en la primera semana de agosto». Pero más que una estimación concreta, su anhelo se apoya en gran medida en la fecha límite que impone el decreto. Aunque también ese tope se podría extender con una prórroga si desde Balcarce 50 entienden que es necesario.

Con relación al caso correntino, el jefe de Gabinete indicó que su desistimiento es «un tema que tiene que resolver el ministro de Economía con el ministro de Hacienda. La provincia sabe bien cuáles son los juicios que debe desistir», apuntó, y luego destacó la «estima personal» que le tiene a Colombi.

Otros mandatarios comparten esa preocupación centrada en la pretensión del Gobierno nacional de lograr que los convenios bilaterales incluyan una resignación expresa de reclamos provinciales judiciales por recursos adeudados.

En esa línea se inscriben, por caso, las negociaciones que lleva adelante el justicialista Juan Schiaretti (Córdoba) con el secretario de Hacienda nacional, Juan Carlos Pezoa, en pos de intentar rubricar un acuerdo que permita ponerle un punto final a la demanda del distrito mediterráneo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a una deuda previsional nacional por cerca de 1.220 millones de pesos.

Vencimiento

La pretensión es que ese potencial acuerdo y el acceso a la refinanciación de la deuda local se firmen el mismo día, aunque desde el entorno de Schiaretti se preocupan por aclarar que ambos carriles no están ligados entre sí.

Con un pie en agosto, que es el mes de vencimiento de los plazos según dicta el decreto, los caciques provinciales -algunos a viva voz, otros igualmente preocupados pero más silenciosos- estudian las alternativas para apurar la reprogramación de la deuda.

La motivación fundamental, más allá de las urgencias financieras que en general sofocan a casi todo el país y hasta amenazan con revisiones forzadas de presupuestos, es que hasta tanto no concluyan los trámites entre ambas administraciones persistirán las quitas millonarias en las remesas de coparticipación.

El Gobierno de Mendoza, por ejemplo, sufre el descuento diario de un millón de pesos por parte de la Nación por su deuda y por la demora en la firma del Programa Federal. En efecto, al igual que con el 80% de las provincias, el Gobierno de Cristina de Kirchner le descuenta al del mandatario Celso Jaque $ 31 millones por mes porque no puede afrontar los vencimientos de su deuda.