Por este tema, el fiscal de Estado, Mario Alonso, ya pidió la detención de un sospechoso -antiguo empleado de la repartición-, aunque reconoció que puede haber otros eventuales responsables, e incluso una corresponsabilidad de algunos funcionarios de la obra social. En paralelo, el Tribunal de Cuentas catamarqueño detectó un faltante de 717.895 pesos en la Obra Social de los Empleados Públicos de la provincia, entre enero de 2003 y octubre de 2004, por lo que dispuso la apertura de un sumario administrativo, en procura de determinar las responsabilidades del caso.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario