4 de marzo 2022 - 00:00

Juicio a narcos: UCR se abroquela y pide garantizar la seguridad de un exministro

En su declaración, el actual legislador santafesino Maximiliano Pullaro reveló pruebas de presuntos vínculos de un líder narcotraficante con jefes policiales y políticos. Reacción de radicales ante plan para atacarlo.

proceso. Pullaro (centro) llega a declarar al Centro de Justicia Penal junto al diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz y la socialista Clara García.
proceso. Pullaro (centro) llega a declarar al Centro de Justicia Penal junto al diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz y la socialista Clara García.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) respaldó al diputado provincial de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (exministro de Seguridad de Santa Fe) y reclamó por su seguridad, luego de que este miércoles declarara como testigo en el juicio que se sigue al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, y se descubriera la existencia de “un plan para atacarlo”.

En una comunicado difundido ayer, el órgano máximo del radicalismo nacional “manifiesta su respaldo” a Pullaro, y asegura que en su gestión en Seguridad “llevó adelante una importante lucha para desbaratar a los principales carteles del narcotráfico en su Provincia”.

El exministro de seguridad de Santa Fe y actual diputado provincial declaró ayer como testigo en el juicio a Alvarado y afirmó que este presunto capo narco rosarino tenía vínculos con la Policía local.

En su testimonial -llevada a cabo en forma presencial ante el tribunal a cargo del debate- Pullaro relató hechos delictivos que tenían como principal sospechoso a Alvarado y miembros de su banda.

En ese sentido, se recuerda que como funcionario “impulsó investigaciones contra los grupos delictivos encabezados por Alvarado y “Los Monos”, lo que le valió amenazas contra él y su familia”.

Se recordó en el texto partidario que en las últimas audiencias del juicio a Alvarado “se conoció un plan para secuestrar a los hijos de Pullaro y desarrollar acciones contra su seguridad”.

“Los radicales de todo el país apoyamos el trabajo llevado adelante por Pullaro y reclamamos al Gobierno nacional y provincial que garantice su seguridad”.

En su declaración, Pullaro afirmó que Alvarado, el presunto capo narco rosarino tenía vínculos con la policía local.

El exfuncionario fue citado a declarar por los fiscales a cargo de la investigación, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

En su testimonial -llevada a cabo en forma presencial ante el tribunal a cargo del debate- Pullaro relató hechos delictivos que tenían como principal sospechoso a Alvarado y miembros de su banda.

También se refirió a la detención del acusado en febrero de 2019, en un camping de la ciudad de Embalse de Río Tercero, en Córdoba, cuando era buscado por una causa penal en la provincia de Buenos Aires.

Según Pullaro, el grupo policial a cago de la captura trabajó con información de “inteligencia” en forma “reservada” para evitar la “filtración” de datos sensibles ante la sospecha de los vínculos que tenía Alvarado con jefes de la fuerza.

Entre las pruebas presentadas por los fiscales hay alrededor de 4.500 mensajes de Telegram, “extraídos” del IPhone 8 secuestrado a Alvarado.

Vínculos

De acuerdo con Pullaro, hasta 2016, cuando comenzó a ser investigado, “Alvarado no tenía causas penales en ninguno de los fueros; ni penales ni provinciales”.

“La de Alvarado era una organización diferente a las otras. Era una organización sofisticada, había vínculos con la policía y con otros actores en la provincia”, aseguró a la prensa, luego de su declaración en la sexta jornada del juicio.

El juicio continuó ayer con otros testigos citados por la parte acusadora y se estima que se extenderá hasta por lo menos la primera semana de abril próximo.

El debate comenzó el 21 de febrero último y en la jornada de apertura los fiscales Schiappa Pietra y Edery adelantaron que pedirán la pena de prisión perpetua para Alvarado y otros tres miembros de la banda que afrontan el juicio en forma virtual desde sus lugares de detención en cárceles federales.

Mientras que para los otros tres acusados pedirán penas que van de 8 a 15 años de prisión.

La banda y su cabecilla llegaron al juicio que se sustancia en la sede del Centro de Justicia Penal de Rosario como acusados de dos homicidios, cinco casos de lavado de activos, varios atentados contra edificios públicos y a la casa de una empleada del Ministerio Público Fiscal.

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