Ley Fiscal: 11 provincias ya incumplirían en 2005

En este marco, lamentan las provincias que entre 1992 y 2003 le cedieron a Nación cerca de $ 41.000 millones de fondos coparticipables, a causa de los pactos fiscales firmados en ese período, que modificaron sucesivamente la distribución de los fondos. Según otro informe de Economía & Regiones, en lugar de recibir 56,66% de la torta en el reparto primario (entre todas las provincias y Nación) -según la ley 23.548-, apenas obtuvieron un promedio de 46% en ese período. Aún así, en los últimos tiempos las provincias se beneficiaron con los aumentos mes a mes de los envíos de recursos nacionales (ver aparte).En lo que respecta a la Ley de Responsabilidad Fiscal, el informe de la consultora analiza la propuesta de ley ideada por el Ministerio de Economía nacional, cuyos objetivos de máxima son fijar reglas generales de comportamiento fiscal y dar una mayor transparencia la gestión pública.
Ya varias provincias dieron aval político a la Ley de Responsabilidad, a pesar de que la misma comenzó a ser impulsada por Nación luego de que se empantanara la discusión por una Ley de Coparticipación Federal. Esta semana, el PJ intentará lograr un dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto del Senado.
En el capítulo sobre límites al endeudamiento, el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal nacional establece que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán, en cada ejercicio fiscal, mantener servicios de deuda no superiores a 15% de los recursos corrientes (netos de transferencias por coparticipación a municipios).
La sanción ante el incumplimiento de este punto es la prohibición a acceder a nuevo endeudamiento, salvo que sea un refinanciamiento del existente y en la medida en que resulte un mejoramiento de las condiciones o provenga de organismos multilaterales de crédito y de programas nacionales. El análisis de Economía & Regiones señala que durante 2004 la mayoría de las provincias estaría por debajo de este límite, ya que en promedio los servicios de la deuda alcanzarían 10% de los ingresos corrientes.
Pero la consultora advierte que a partir de 2005, los servicios de la deuda provincial suben considerablemente, superando 40%, al comenzar a amortizar el Bono Garantizado 2018 del canje de deudas provinciales y los préstamos del Programa de Financiamiento Ordenado 2003, que se agregan a los del PFO 2002. Como resultado, si bien en promedio, los servicios de la deuda del consolidado alcanzarían 13% de los ingresos corrientes, en varias provincias el límite de 15% será superado ampliamente, y llega en algunos casos a 30% de dichos recursos.
Así, Nación se convertirá en el principal acreedor de las provincias -abarcará 76% del rojo- y serán 11 las jurisdicciones que partan de una situación de incumplimiento (Formosa, Jujuy, San Juan, Tucumán, Río Negro, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Buenos Aires). Según la consultora, en esta instancia «será necesario algún mecanismo de transición que les permita adecuar en el tiempo el perfil de la deuda por debajo del ratio establecido como límite, para luego, a partir de allí, en caso de existir desvíos, se apliquen las sanciones correspondientes».
La consultora llama la atención además sobre que gran parte de los postulados incluidos dentro de la ley «ya están previstos en la Ley N° 25.152 de Administración de los Recursos Públicos, vigente desde 1999 para la administración nacional y a la cual las provincias fueron invitadas a adherir, o en los PFO, o en leyes sancionadas en algunas jurisdicciones» como Salta.
A su vez, se señala que el régimen propuesto ahora es de carácter federal, y alcanza a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, sólo en forma parcial al gobierno nacional y deja fuera a los municipios. Por su parte, se indica que «la experiencia argentina en el cumplimiento de este tipo de reglas no es muy satisfactoria».
Como propuestas para mejorar el proyecto, la consultora señala la necesidad de que se incluya a los municipios y que se contengan «otros elementos además de los preceptos de responsabilidad y transparencia fiscal, que aseguren la contención del gasto improductivo y la auto limitación en el endeudamiento», entre otros ejes.