23 de febrero 2006 - 00:00

Mal momento para gobernador Rovira

Curiosamente, este preocupante escenario judicial muestra puntos de contacto del mandatario misionero con Néstor Kirchner, aunque por el costado más cuestionable. Quien apoyó una nueva gestión de Rovira, en detrimento del PJ oficial de Ramón Puerta, también ahora es centro de críticas por una reforma en el Consejo de la Magistratura que amenaza con hacer desaparecer la independencia judicial en el país.El mandatario del Frente Renovador -una coalición de peronistas, radicales e independientes- fue acusado por el arco político opositor y por organizaciones no gubernamentales de llevar adelante una supuesta «persecución» contra magistrados. Del malestar se hizo eco, además, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia.
El caso más emblemático fue el de la ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) misionero, quien fue destituida en febrero
en tiempo récord, tras una denuncia en su contra blandida por el intendente de San Vicente, Luis Benítez, alineado políticamente con Rovira. Las críticas apuntan a que, sugestivamente, Catella falló en dos casos a favor de la oposición antes de ser destituida.
Ayer, la ex ministra reclamó ser restituida en su cargo mediante la presentación de un recurso de casación ante la Sala Juzgadora de la Legislatura. De ser aceptada la apelación, el recurso deberá ser derivado al STJ. De no obtener resultado positivo, Catella amenaza con llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A este episodio se suma el proceso que actualmente se sustancia contra el fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wicström.
En paralelo a este terreno judicial, se suma una fuerte embestida empresarial contra la reforma fiscal activada recientemente por Rovira.
En una carta enviada al mandatario, distintas cámaras empresarias de la provincia cuestionaron la aplicación del gravamen sobre los Ingresos Brutos a las exportaciones, lo que generará
«una pérdida de competitividad frente a otras provincias cuya producción sea similar a la nuestra», por tener «una presión fiscal considerablemente menor». «El peligro de la migración de empresas (a otras provincias) es inminente», advirtieron los empresarios, que ya piensan en llevar esta situación a la Justicia.

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