Consultados por Ambito Nacional, una serie de ministros de Economía provinciales entiende que la gestión de Miceli aún está en su comienzo y que las medidas contra la inflación, la cancelación de la deuda pública y la particular estacionalidad de la temporada estival son por ahora motivos suficientes para mantener el crédito abierto en la ministra. Esto igualmente no quita que, por caso, la confirmación de una permanencia a largo plazo de las retenciones a las exportaciones del agro haya caído mal en varios gobiernos del interior.
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En principio, una de las cuestiones que alcanzan a un conjunto grande de provincias es la deuda pública, la cual asciende a $ 75.245 millones y está hoy siendo afectada por la inflación, a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) -uno de los componentes con los que se actualiza este pasivo-. Los gobiernos provinciales piden una renegociación a la Nación, en vista de que ésta es acreedora de 70% de este rojo.
El deseo apunta a ir más allá de los ya acostumbrados Programas de Financiamiento Ordenado (PFO) con los que año a año la administración federal financia intereses y vencimientos de las provincias, pero que en rigor funciona como un parche, con alto contenido político a la hora de discutir su firma.
Entre los argumentos que se elevan, varios gobernadores indican que tras el canje de deuda pública y luego la cancelación total del pasivo contraído con el Fondo Monetario Internacional, la Nación debería mirar ahora hacia dentro y discutir un cambio de las condiciones del rojo provincial, el cual a futuro afectará el superávit de los distritos más comprometidos, que se concentran en la región NEA-NOA del país. Algunas provincias ya han elevado presentaciones a Miceli, ya sea pidiendo más plazo y quita o, por caso, proponiendo que los recursos que permita ahorrar a cada distrito una renegociación sean aplicados a fideicomisos para obras de infraestructura o desarrollo productivo del sector privado.
En paralelo al pedido de renegociar deuda, se presentan los pedidos puntales de algunos gobernadores, que quieren trasladar al terreno de lo real las promesas de campaña que dejaron los comicios legislativos de octubre de 2005. Por caso, el riojano Angel Maza acordó con Miceli el mantenimiento de medidas contra la inflación, pero no pudo recibir respuesta concreta a su pedido de actualizar la asistencia extracoparticipación federal que actualmente llega a $ 189 millones anuales.
• Pretensión
Maza quiere un aumento de $ 65 millones en esos fondos, para poder cubrir el déficit presupuestario y el aumento salarial otorgado al sector público el año pasado. El riojano esperaque la Casa Rosada le retribuya el trabajo realizado en las últimas elecciones, cuando defendiendo los colores del kirchnerismo enfrentó y derrotó a Carlos Menem.
La lista de pedidos a la carterade Economía federal se engrosa con otros mandatarios como los radicales Julio Cobos (Mendoza) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). El primero quiere cobrar una deuda de $ 5 millones por la manutención de presos federales, pero Nación sostiene que sólo debe $ 500 mil. Asimismo, Cobos solicita el cumplimiento del Plan Federal I, que incluye unas 4.500 viviendas para la provincia. El programa incluía el compromiso de Nación de enviar unos $ 89 millones en 2005, pero sólo se habrían aportado $ 11 millones, es decir, una deuda acumulada desde julio pasado.
El santiagueño Zamora, en tanto, insiste en que se concreten las obras públicas ya prometidas por Kirchner dentro de la denominada Acta de Reparación Histórica.
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