No cesa polémica por fondos en el exterior

El senador nacional y titular de la UCR provincial, Carlos Prades, apuntó sus cañones ahora a la miembro informante de la mayoría justicialista en Diputados, Judit Forstman, quien había señalado que «es un orgullo que después de tantos años se siga debatiendo sobre esos recursos que la provincia mantiene a buen resguardo». Resultados
«¿Cómo pueden justificar este orgullo después de doce años de gestión en la que, con semejante masa de recursos, sumados a presupuestos anuales exorbitantes, no han generado un solo puesto de empleo sustentable en todo el territorio provincial y se han dedicado exclusivamente a la obra pública más cara y de la más baja calidad del mundo, generadora de puestos de trabajo transitorios y a la acentuación exorbitante de planes sociales con propósitos exclusivamente electorales?», disparó Prades.
Los dichos del senador nacional siguen la línea opositora, dentro de la cual la UCR ya denunció que los fondos santacruceños colocados en el exterior ascenderían a alrededor de u$s 1.000 millones y no a u$s 507,4 millones como asegura el Ejecutivo provincial. Figuras como Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich, entre otros, respaldan la posición del radicalismo, que amenaza con llevar el caso a la Justicia Federal.
El informe elevado por Acevedo busca clausurar la discusión sobre el monto y destino de los fondos expatriados, certificando a través del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz -que emitió su dictamen hace dos meses- que la provincia «tiene saldos líquidos disponibles en el exterior por la suma de
u$s 507.420.706,21». La misma rendición, tratada sobre tablas -sin esperar al mes próximo, como estaba previsto- y aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados, además de certificar que se ajusta al lapso de un año
-entre enero y diciembre de 2003- indica que hay depositados «otros u$s 13.589.375 en bonos y u$s 13.453.375 en cupones».
Otro de los cuestionamientos que sostiene la oposición fue el señalado por el titular de la bancada radical, Omar Hallar, quien sostuvo que los intereses entre 1992 y 2002 «siguen siendo un misterio» y sostuvo que a su juicio «se violaron varias normas, como la Ley Provincial de Contabilidad y la Orgánica del Tribunal de Cuentas porque no controló el patrimonio santacruceño».