Los conflictos docentes en las provincias patagónicas se profundizan con jornadas de paro y protestas motorizadas por los gremios en reclamo de mejoras salariales. Río Negro y Santa Cruz son escenario de medidas por parte de los trabajadores de la educación, mientras que en Chubut intentan cerrar la paritaria en medio de la conciliación obligatoria.
Nuevos paros y protestas docentes en reclamo de aumentos salariales agitan a provincias patagónicas
Gremios de la educación de Río Negro y Santa Cruz impulsan medidas de fuerza por 48 y 72 horas y piden la reapertura de paritarias. En Chubut, hubo manifestaciones de autoconvocados e Ignacio Torres intenta cerrar un acuerdo. Tensión con los gobernadores.
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Los docentes de Río Negro se movilizaron en Cippoletti y Gendarmería avanzó sobre los manifestantes.
Cómo contó Ámbito semanas atrás, distintos distritos sureños atraviesan escenarios turbulentos con los sueldos estatales como punta de lanza. La situación, lejos de desescalar, se profundiza y crece la tensión entre las gestiones locales y los sindicatos, que salieron a las calles en distintas ciudades e intercambiaron acusaciones con los gobernadores.
En territorio rionegrino, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) convocó a una doble jornada de paro para los días 5 y 6 de mayo. "Por salario digno, por condiciones laborales justas, por la escuela pública" fueron las principales consignas de la protesta. Desde UNTER destacaron que la adhesión fue del 70% durante el miércoles, al tiempo que denunciaron una "respuesta preocupante del Gobierno".
"Frente a una movilización pacífica, la única respuesta fue la represión. Mientras el gobierno responde con presencia policial y no con diálogo, seguimos exigiendo lo que corresponde: que se siente a discutir y dé respuestas reales", dijo la agremiación. Los maestros se movilizaron por el puente que une a Cippoletti con Neuquén y hubo incidentes con la Policía, que avanzó contra los manifestantes.
En un comunicado, UNTER advirtió por "el uso de gases contra docentes que nos manifestábamos pacíficamente constituye un hecho gravísimo que expone el verdadero sentido de estas intervenciones: disciplinar, amedrentar y criminalizar la protesta social para imponer el ajuste". "Se amparan en el llamado 'protocolo antipiquetes' para legitimar lo ilegítimo: atacar a trabajadores que luchan", sostuvieron.
Como respuesta, la administración de Alberto Weretilneck le bajó el tono a la medida y contrapuso datos propios a los del gremio. Weretilneck aseguró en sus redes sociales que "el 72% de los docentes fue a trabajar" y apuntó contra la conducción de UNTER. El líder patagónico explicó que "de un total de 20.863 docentes, 12.388 asistieron a trabajar y 2.634 se encontraban en licencia o sin carga horaria. El presentismo alcanzó el 72%".
Subrayó, además, que en Río Negro los salarios docentes se actualizan por inflación. "Hoy están entre los mejores del país y en los últimos dos años le ganaron ampliamente a la inflación. Además, sostuvimos el FONID con fondos provinciales y seguimos invirtiendo en escuelas, comedores, transporte y mantenimiento", lanzó.
Actualmente, el sector reclama la reapertura de paritarias y exige un salario mínimo de $2.000.000.
Ante la consulta de Ámbito, en la gestión rionegrina advirtieron que "con medidas de fuerza no hay paritaria" y pusieron el acento en que la adhesión al paro, en su primera jornada, fue del 28%. "Somos conscientes de que la plata no alcanza, pero hicimos el esfuerzo y tenemos el cuarto salario docente del país", remarcaron. A la vez, cruzaron al gremio y lo acusaron de utilizar "el arte del conflicto como política".
Adujeron, además, que las fuerzas federales son las que protagonizaron incidentes con los manifestantes en el marco del protocolo antipiquetes impulsado por Nación, y que la policía provincial "no estuvo involucrada".
Santa Cruz es otro de los distritos con conflictos docentes abiertos. Allí, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) motoriza un paro por 72 horas para los días 5, 6 y 7 de mayo. A diferencia del caso rionegrino, la gestión de Claudio Vidal mantiene activa una mesa de negociación. El lunes, su jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, recibieron a los representantes sindicales en búsqueda de clausurar la disputa, aunque sin resultados favorables.
La tensión escaló con la decisión oficial de descontarles los días a quienes participen de las medidas de fuerza. Al respecto, ADOSAC habló de "una nueva provocación por parte del Consejo Provincial de Educación" y tildó a la medida de "ilegal, discriminatoria y antidocente". "El congelamiento salarial que venimos padeciendo desde el mes de enero, las mentiras reiteradas sobre posibles paritarias que nunca tienen lugar ni fecha y solo existe en el discurso del gobierno para mantenernos a la espera; nos demanda acciones inmediatas", señalaron.
Este martes, el congreso del gremio sesionó y, además de ratificar el paro, renovó los reclamos a la provincia. Devolución de los descuentos, reorganización de las reuniones de subcomisión laboral y definición de fecha concreta de paritaria son algunas de las demandas que planteó. El sábado habría un nuevo encuentro entre las partes con el objetivo de acercar posiciones.
En tanto, desde la gestión de Vidal comentaron a este medio que "bajó mucho el acatamiento a los paros" y reivindicaron el descuento como una herramienta para garantizar las clases. "Las negociaciones siempre están abiertas. Tenemos los segundos mejores sueldos del país, pero somos la provincia con más días de paro", protestaron, apuntando a la central gremial. Además, comentaron que desde la asunción del gobernador, en 2023, las subas salariales acumulan un 330%.
"Un docente inicial, en Chubut, cobra $680 mil. Acá estamos en $1.276.000", contrastaron.
El distrito es uno de los más afectados por la política económica de Nación. Desde la llegada de Javier Milei al poder, el empleo cayó 15,4% en territorio santacruceño, siendo la provincia más golpeado por ese índice.
Protestas y reunión clave en Chubut
En el mismo vecindario, el chubutense Ignacio Torres apura acuerdos con gremios de la función pública, luego de una semana de protestas que agitaron a la provincia. Esta martes, su administración suscribió el entendimiento con los trabajadores de la salud, representados por ATSA, UPCN, AGREMEDCh y SISAP.
El mismo establece un incremento del 8% sobre el valor móvil del salario básico, a liquidarse en tres tramos durante los meses de mayo, junio y julio, tomando como base de cálculo el mes inmediato anterior. A la par, se instauró una mesa técnica de seguimiento, que tendrá su primera reunión el 18 de mayo. También se sellaron los nuevos haberes policiales.
Un día antes, el gobierno de Chubut había hecho lo propio con los estatales, quienes percibirán un incremento del 6% sobre el salario básico, a aplicarse en tres tramos del 2% en los meses de mayo, junio y julio, lo cual, sumándose a los otros adicionales negociados y el ítem acordado en la paritaria anterior, posiciona al aumento por encima de los últimos índices de inflación informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El acuerdo, además, incluye cambios en varios adicionales (como Comunicaciones, SAF y Registro Civil), incrementos progresivos en algunos ítems y la creación de un adicional por función jerárquica (30% o 50% según el cargo).
Este miércoles, en tanto, es el turno de los gremios docentes, uno de los rounds centrales para la gestión provincial. La semana pasada, los trabajadores de la educación fueron protagonistas de masivas marchas en reclamo subas salariales en Trelew, Rawson y Puerto Madryn, entre otras. Actualmente, rige la conciliación obligatoria, aunque el conflicto persiste.
La novedad del caso es que las conducciones fueron desbordadas por las bases, que se manifestaron de manera autoconvocada e incluso cuestionaron a las autoridades sindicales. Fuentes gremiales explicaron a Ámbito que el salario de bolsillo de un docente por jornada común es de $650.000, y que el básico está en $314.000, mientras que los alquileres rondan los $800.000.
"A diferencia de otros años, esta vez se notó mucho el deterioro del poder adquisitivo, tanto del sector público como del privado. La gente salió sola a la calle", indicó una fuente. En 2025, la administración de Torres había decretado un aumento del 1,2% del sueldo básico.
Aunque había expectativa en llegar a un acuerdo en la reunión, lo cierto es que rige el temor de que el entendimiento sea desconocido por los afiliados y se susciten nuevas protestas.
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