Podrían suspender mañana al gobernador Sergio Montiel

Anoche el Tribunal Electoral se disponía a oficializar su postura de no expedir los certificados con los nombres de los legisladores suplentes que deben ocupar las bancas vacías tras la expulsión de ocho diputados montielistas. La razón: esperará que se resuelva la cuestión de fondo en el Superior Tribunal de Justicia (hay una medida cautelar de no innovar que frena la expulsión, pero que no fue reconocida por la oposición). Sin embargo, daría vía libre para que los legisladores opositores les tomen juramento, lo que ocurriría mañana. Con la nueva conformación de la Cámara baja, el megabloque opositor -compuesto por justicialistas y aliancistas disidentes-, confía en lograr los 21 votos necesarios para activar la sesión y las 19 voluntades para iniciarle juicio político a Montiel. Entre otras razones, lo acusan de emitir bonos por decreto.
«A las 11 del jueves será la sesión preparatoria para tomar juramento a los suplentes, y a las 13 se trataría el juicio a Montiel», dijo ayer a este diario un vocero del radicalismo disidente.
Mientras tanto, avanzó ayer el contraataque oficial. Según allegados al mandatario, un agente fiscal hizo lugar a la denuncia por supuestos hechos de «sedición» realizada días atrás por el ministro de Gobierno, Fermín Garay, a raíz de la expulsión de los legisladores montielistas -por negarse insistentemente a dar quórum para tratar el juicio político- a pesar de existir una medida cautelar que lo impedía.
De ahora en más, la Justicia deberá investigar si efectivamente hubo un «golpe sedicioso» contra el mandatario. Ya Montiel adelantó que si prospera el juicio político, pedirá al gobierno nacional que intervenga en la provincia para que lo repongan en el cargo. La hipótesis de supuesta sedición abonaría esta estrategia.
En el gobierno entrerriano aguardan, además, con ansiedad la respuesta de Eduardo Duhalde a un pedido de auxilio financiero de $ 100 millones. Para apurar las tratativas viajó a Buenos Aires el ministro de Economía, Oscar Berón.
En tanto, anoche -en la reunión de bloque de los diputados nacionales de la UCR-, los representantes enterrianos se disponían a plantear la grave situación provincial y la necesidad de que el presupuesto 2003 contemple una certeza acerca del envío de fondos adeudados a las provincias (en el caso de Entre Ríos sería de $ 400 millones). «No se trata de asumir una postura fundamentalista de no sesionar para trabar la sanción del presupuesto», aclaró ayer una fuente entrerriana.