Polémica por suba de sueldos en la Justicia

El texto, impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Mércuri-también llevó la firma del PJ, Jorge Otarham-, fue aprobado 15 días atrás por la Cámara baja y el último jueves por el Senado provincial. En ambos casos, por unanimidad.
Frente a la vigencia de un recorte salarial para los estatales que cobran más de 1.200 pesos y la negativa del gobierno de Felipe Solá a habilitar una recomposición de los sueldos mínimos -en docentes es de menos de 300 pesos-, la polémica se instaló rápido.
Allí empezó el otro debate: la Asociación Judicial Bonaerense, gremio que nuclea a los empleados de la Justicia, cuestionó la decisión parlamentaria, no sólo por la ley en cuestión, sino también por la mecánica: la votación casi secreta de la polémica norma. Al punto que ayer fuentes de la cartera de Justicia local dijeron que no habían sido consultados por los legisladores respecto de la ley y que por eso, una vez que accedan al texto, efectuarán un «análisis exhaustivo» que podría derivar en sugerirle a Solá que lo vete.
También se generó discusión en torno al origen del proyecto. En ámbitos legislativos se indicó al titular de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, y al procurador de la Corte, Eduardo De la Cruz, como los motorizadores de la iniciativa. Anoche, fuentes cercanas a Domínguez dijeron que el pedido responde a que los relatores desarrollan una tarea delicada -construyen la jurisprudencia- y cobran cerca de $ 2 mil, lo que -aducen- complica la funcionalidad de la Justicia.
«Un relator cobra 1.800 pesos y con sólo un paso se convierte en juez o fiscal y comienza a cobrar el doble. Pero ‘onstruir’un relator lleva uno o dos años y cuando se termina, éste cambia de función. Por eso, hay que otorgar una mayor remuneración», se explicó.