24 de julio 2003 - 00:00
Rechazan ingerencia en leyes laborales
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«Por ahora, son sólo versiones periodísticas, pero claramente ésa es una medida que perjudica a Mendoza y, de hacerse efectiva, será inconstitucional», dijo Jaliff en declaraciones al mendocino diario «Uno».
Según fuentes mendocinas consultadas por este diario, la «precaución» es una de las principales razones que justifica esta reacción tan rápida ante una medida que aún no ha sido tomada. «Siempre está la duda y, además, Mendoza es la primera perjudicada en estos casos, tal como sucedió con otros temas como regalías hidrocarburíferas y coparticipación federal», indicaron desde la provincia.
En la nota destinada a Tomada -que ayer estaba en elaboración y será entregada entre hoy y mañana-, el gobierno de Mendoza pedirá que se clarifique la medida que, aparentemente, la Nación está dispuesta a tomar.
El poder de policía sobre el sector del trabajo es una de las facultades que las provincias tienen para hacer cumplir las leyes laborales en sus territorios y, según la Constitución nacional, esa facultad es exclusiva de las administraciones provinciales.
La decisión de contrarrestar tan rápidamente la iniciativa nacional fue hecha pública esta semana por medio de una conferencia de prensa que dio Jaliff -flamante candidato a vicegobernador por el oficialismo- junto a la subsecretaria de Turismo y también reciente candidata a senadora nacional, Mariana Juri.



