San Vicente: 5 detenidos por ataque a municipalidad (hablan de infiltrados)

«Por ahora, no hay intervención», dijo ayer la ministra de Gobierno misionera, Claudia Gauto, enviada al lugar por el gobernador Carlos Rovira, quien mantuvo un sugestivo silencio sobre la situación del jefe comunal, alineado políticamente con el mandatario y cuestionado por irregularidades en su gestión. Sin embargo, allegados al Ejecutivo no descartaron que se apele finalmente a esa medida extrema.
Por su parte, el Concejo Deliberante de San Vicente exhortó a Benítez para que se presente en la ciudad y enfrente los reclamos, al tiempo que declaró la «emergencia institucional». Desde Posadas, donde se encontraría internado por una crisis de nervios, el blanco de las críticas aseguró que no va a renunciar.
En paralelo, el juez de Instrucción Penal de esa ciudad, Juan Carlos Canteros, ordenó detener ayer a cinco personas, todas oriundas de San Vicente, aunque no todos colonos. Anoche, no se descartaban nuevas detenciones, entre ellas, la de la persona que golpeó con un palo en la cabeza a un policía y lo dejó con heridas de gravedad.
El magistrado ratificó que se investiga la presencia de infiltrados en la revuelta, que «portaban armas de fuego», como lo demuestra la bala calibre 22 que se extrajo del chaleco antibalas de uno de los efectivos.
Para el juez, pudo haber ocurrido «un desastre si no hubiese tomado la decisión de retirar las armas de fuego de los efectivos a cargo del operativo de seguridad». Como se recordará, también en los violentos episodios ocurridos en Las Heras (Santa Cruz), los policías habían sido obligados a dejar sus armas. Aquella toma de la comisaría terminó con la muerte del policía Jorge Sayago.
Entre los delitos investigados en San Vicente se encuentran los de incendio, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves y graves e instigación a cometer delitos.
Además, la Justicia allanó las instalaciones de FM Libertad y de Canal 4, cuyos dueños fueron acusados por Benítez de «instigación a la violencia» (ver aparte).
Más allá de lo que fue el reclamo genuino, Benítez denunció ayer la existencia de una «intencionalidad política» en la protesta. Gauto, por su parte, aseguró que en el lugar hubo «delincuentes e infiltrados».
En este marco, desde el entorno de Benítez dejaron entrever que renovadores locales y algunos funcionarios de Rovira habrían fogoneado los incidentes. Entre los señalados se encuentran el secretario privado del gobernador, José Luis Alzarría (presidente del Partido Transversal de la Respuesta), y el director de Tabaco de la provincia, Valdir Dos Santos. Una acusación que no alcanzó al mandatario.
Por ser la cuarta ciudad de la provincia, San Vicente, de 55 mil habitantes, es una pieza codiciada políticamente por sus votos, en momentos en que se discute la posibilidad de que Rovira pueda pelear por su re-reelección en 2007, reforma de la Constitución mediante.
Por los reclamos, la localidad misionera ganó triste trascendencia nacional, como la que logra desde fines de febrero la santacruceña Las Heras, tras la protesta de activistas petroleros que terminó con la muerte de Sayago. En el caso de San Vicente, los incidentes dejaron una treintena de heridos, sobre todo policías. Tres de ellos tuvieron lesiones de consideración.
Benítez, quien fue electo en 2003, ya había sido destituido dos veces por el Concejo Deliberante, pero luego la Justicia lo restituyó en el cargo por anomalías en los procesos de enjuiciamiento. El segundo pedido, que se dirime hoy en el Superior Tribunal de Justicia misionero, fue el que le costó la cabeza a la ex ministra Marta Catella, quien votó en contra del intendente.
Los cerca de 2 mil manifestantes -la mayoría, agricultores del citrus y del tabaco- reclaman la entrega de subsidios nacionales por alrededor de $ 100 mil pesos, originalmente destinados a hacer frente a la emergencia agropecuaria producto de la sequía de 2005, pero que Benítez habría derivado a la compra de combustible. Además, exigen la reparación de los caminos terrados.