Se judicializa ya la crisis de la provincia

c En lo que respecta a la suerte procesal del detenido ex ministro de Gobierno, ayer era inminente una ampliación de su declaración indagatoria, a pedido de la jueza de Instrucción Valeria López Lestón.
La medida responde, según pudo saber este diario, a que fueron incorporadas tres nuevas denuncias contra Varizat. Una de ellas corrió por cuenta del dueño de uno de los vehículos estacionados que fueron chocados por la camioneta Grand Cherokee que conducía el también ex senador (precisamente, por el delito de «daños»), mientras que las dos restantes corresponden a otros dos lesionados por la irracional embestida.
 Clave
Corren horas clave en esta causa, ya que el próximo lunes la magistrada resolverá si Varizat es o no procesado y, en caso positivo, si le dictará o no prisión preventiva.
En principio, los testimonios recogidos esta semana y el peritaje mecánico concretado el miércoles sobre la camioneta parecen derrumbar sus argumentos de defensa. Mientras tanto, Varizat permanece detenido en la Escuela de Policía.
c En paralelo, avanza también la causa por los supuestos delitos de «atentado, resistencia a la autoridad y daños», iniciada tras los graves incidentes desatados un día después del episodio Varizat, cuando cientos de manifestantes enfurecidos intentaron virtualmente copar la Casa de Gobierno, en la capital provincial. El escenario incluye denuncias cruzadas por las lesiones sufridas tanto por policías como por civiles que participaban de la movilización.
La causa -sustanciada también por López Lestón- fue activada a partir de una denuncia presentada por el ex jefe de Policía de Santa Cruz, Wilfredo Roque, y por un comisario. Poco después, la cabeza de Roque rodó, a instancias de Néstor Kirchner, en un intento de descomprimir la crisis.
En ese marco, fue citado a declarar el próximo martes, en calidad de imputado, un dirigente radical local que habría participado activamente de los incidentes.
c Mientras tanto, el juez Santiago Lozada abrió en las últimas horas la causa por los disturbios de mayo pasado en una movilización de municipales en Río Gallegos
-donde aparece cuestionado el accionar policial-, que derivaron en la renuncia del gobernador Carlos Sancho y en la posterior asunción de Daniel Peralta. Por ello, se esperan inminentes avances. Por de pronto, Lozada ya aceptó como querellantes a los dirigentes municipales.