También Suez se enfrenta por tarifas

La medida del Ejecutivo cordobés se da motivada por la fuerte polémica desatada en la provincia en torno del incremento de la tarifa que fue incluido en el contrato aprobado a fines de 2005 entre el gobierno de José Manuel de la Sota y Suez, con vencimiento en 2027. Este acuerdo motivó importantes protestas de ciudadanos y organismos de defensa del consumidor y el opositor Frente Nuevo, del intendente capitalino Luis Juez, que anunció que recurrirá a la Fiscalía Anticorrupción nacional para investigar el contrato. Desde la empresa no quisieron manifestarse respecto del tema hasta no recibir la notificación oficial, la cual, según el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) cordobés, será entregada hoy.
La suspensión del contrato en la provincia mediterránea se convierte en un nuevo contratiempo para Suez, empresa que también maneja Aguas Argentinas de la cual anunció su retiro en setiembre pasado. Las condiciones en que se concretará la salida no pudieron todavía pactarse con el gobierno nacional, y el presidente Néstor Kirchner volvió esta semana a fustigar a la empresa, criticándole la falta de cobertura de agua y cloacas en el conurbano.
El grupo Suez ya tuvo una accidentada salida de Aguas de Santa Fe en enero pasado, debiendo disolver la empresa luego de fallidos intentos de traspaso de las acciones. El servicio ahora opera en manos del Estado provincial como sociedad anónima.
Carmen Rodríguez, titular del ERSEP -organismo autónomo que no depende del Ejecutivo-, informó ayer a través de un comunicado de prensa que el organismo que dirige exige a Aguas Cordobesas «en el plazo perentorio de 5 días acreditar el cumplimiento de su obligación de presentar los instrumentos conducentes al desistimiento de su reclamo ante el Tribunal Arbitral Internacional CIADI», por u$s 108 millones..
Rodríguez indicó además que será revisada la división por zonas que establece el contrato y que estipula distintos importes para los usuarios según el sector de la ciudad en el que se encuentren los domicilios. Para que «el objetivo de racionalizar el consumo de agua potable no derive en situaciones de inequidad para el consumidor».
Tras ratificar la «vigencia plena» del nuevo contrato aprobado por ley, el comunicado emitido ayer indica que la suspensión por 90 días rige desde el 1 de febrero pasado y se da «frente a la inquietud e incertidumbre generada por la empresa concesionaria a raíz de información difundida juntamente con la facturación del servicio en forma confusa, errónea y tardía».
El nuevo contrato en cuestión fue aprobado a fines de noviembre por la Legislatura. Establece la instalación de 120 mil medidores en la ciudad de Córdoba y una recategorización de zonas que derivará en aumentos de entre 25% y 50% para barrios de clase media y de 100% para zonas de alto poder adquisitivo.
De nada sirvió que el acuerdo incluya una tarifa social a $ 6,60 mensuales para barrios de menores ingresos y otra directamente gratuita, que en total beneficiará a 25 mil usuarios. Cuando se hizo pública la decisión de aumentar tarifas los usuarios realizaron masivas marchas de protestas, una de las cuales tuvo lugar ayer, organizada por la Comisión Popular de Recuperación del Agua, que se opone a las subas, plantea la nulidad del contrato y propone la reestatización del servicio.