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Convulsionado clima por nombramiento de jueces agita al Senado

Gobierno agregó más nombres para completar audiencia pública pese al freno que impuso la "minirrebelión" de senadores PJ que congeló avales. Vuelven los traslados en el Consejo. Jugada de los "+75" para permanecer.

El oficialismo decidió pisar el acelerador en materia de designación de jueces y agregó un paquete adicional de candidatos para llevar adelante las audiencias públicas en el Congreso, paso previo a que se los incluya en el combo de prospectos que podrían tener acuerdo del Senado. La inclusión de más nombres en danza ocurre luego de la “minirrebelión” de senadores peronistas que se negaron a votar una tanda de postulantes que había sido preacordada entre la Casa Rosada y el jefe del bloque del PJ Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. Todos los acuerdos quedaron con preferencia para la próxima sesión, pero con pronóstico reservado respecto de su eventual aprobación. La discusión que afilan los negociadores también incluye un curioso juego de pinzas entre el Ejecutivo y la Cámara Contencioso Administrativo Federal con respecto a los magistrados que exceden los 75 años para evitar el límite impuesto por la Corte Suprema para permanecer en el cargo.

La intención del oficialismo es avanzar con los procedimientos reglamentarios para tener listos la mayor cantidad de candidatos para cuando deban “maximizar” los márgenes de negociación con la oposición, tras el revés de la semana pasada. Los senadores del PJ no querían quedar expuestos votando de manera negativa los pliegos en sintonía con el kirchnerismo. Pero tampoco estaban satisfechos con la cosecha de nominaciones para sus propias aspiraciones. No hay un panorama claro para los 64 nombres que quedaron congelados, pero para el próximo 5 de junio a las 10 en el Salón Eva Perón están citados otros 11 candidatos para el Poder Judicial y tres para ocupar el lugar de defensores oficiales.

También son vacantes relevantes las que se ponen en juego para la audiencia: dos lugares en la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, adonde aspiran a ascender tanto el juez Javier Cosentino como su par de primera instancia Héctor Chomer; tres lugares en Tribunales Orales Criminales, juzgados civiles y laborales; y el juzgado federal de Mar del Plata, donde asistirá a buscar su plácet como juez Pedro Federico Hooft. Toda esta nómina completará el proceso para estar en condiciones de obtener su acuerdo. Sin embargo, nada asegura que -al igual que los que quedaron pendientes- finalmente completen el circuito. Más cuando arrecian cuestionamientos en el interior del Consejo de la Magistratura sobre la modalidad de elección de jurados con lo que la oposición intenta dirigir cuestionamientos hacia el récord de designaciones en la era Macri. Dato no menor: el Gobierno reincidirá en el polémico sistema de traslados de jueces con mayoría simple. Esta vez el que solicitó pista para una mudanza es el juez federal de Paso de los Libres (Corrientes) Gustavo Fresneda. El destino elegido es el juzgado federal N° 1 de Corrientes Es el que tiene competencia electoral. El juez asumió el cargo del que quiere partir en febrero de este mismo año.

El clima de agitación es tanto para los aspirantes a jueces como para quienes resisten dejar de serlo con el límite de 75 años impuesto por el fallo “Schiffrin” de la Corte Suprema. Operadores judiciales han detectado un juego de pinzas para sortear esa limitación del máximo Tribunal. Consiste en que el interesado le pida al Ministerio de Justicia que envié una revalidación del pliego por 5 años que debe tratar el Senado. Con este trámite -indistintamente de si el Senado lo avala o lo deja “stand by”- solicitan una medida cautelar al fuero Contencioso Administrativo Federal que comanda Sergio Fernández para permanecer en sus juzgados. Si cumplen con el requisito del trámite, obtienen automáticamente una medida que protege que sean removidos. La jugada también despertó interrogantes en el Senado, donde auguran que no todos los pliegos remitidos para los “post 75” podrían prosperar favorablemente. El último caso fue el del vocal de la Cámara Civil y Comercial Federal Ricardo Víctor Guarinoni, quien el pasado 7 de mayo, el día de su cumpleaños, obtuvo una cautelar de “no innovar” por parte del juez subrogante Contencioso Administrativo Federal Nº 7, Pablo Cayssials. Hay otros tres pliegos en idéntica situación que por ahora quedaron boyando en el Senado.

El listado de 64 postulantes que el Gobierno esperaba ya tener nombrado contiene varios cargos estratégicos, sobre todo por la presencia de los nominados para casi las 6 vacantes que existen en el Contencioso Administrativo Federal (primera instancia). Clave para garantizar la gobernabilidad fueron mal recibidos los nombres por parte de Elisa Carrió, pese a que Ámbito Financiero había adelantado que, cuando se elevaron las ternas, iban a ser los favoritos. Natalia Mortier, Macarena Marra Giménez, Analía Conde y Enrique Alonso Regueira quedaron a la espera de que los validen. En ese paquete quedó el fiscal Ignacio Mahíques (de la causa “Vialidad”) que iba a desembarcar en el juzgado federal de Mercedes y el titular de la oficina de escuchas, Juan Tomás Rodríguez Ponte, cuyo destino era Lomas de Zamora. También el hijo del fiscal de Cámara Germán Moldes, homónimo, que aspiraba a la Cámara de San Martín y el juez civil que intervino en el litigio familiar del presidente Mauricio Macri con su padre por los Panama Papers, Andrés Fraga.

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