Allanaron el Monumental a horas de las elecciones en River

A tres días de las elecciones en River Plate, la justicia federal allanó este jueves las instalaciones del club en busca de documentación relacionada con la causa en la que se investiga una posible falsificación de documentos de cara a los comicios presidenciales programados para el domingo.

El operativo ordenado por el juez Claudio Bonadío fue realizado por la Policía Federal que, según fuentes judiciales y del club, se incautó documentación vinculada con la elaboración del padrón que se utilizará en los comicios.

La Policía y los funcionarios judiciales se llevaron una copia impresa del padrón y una versión digital. También le pidieron a los empleados del club que les entregaran copias con distintos filtros, como edad o número de socio, según pudo reconstruir Télam.

La medida fue adoptada un día después de que la Comisión Electoral de River aprobara por unanimidad el padrón electoral con el que se llevarán a cabo las elecciones del 3 de diciembre.

El padrón fue aprobado el miércoles luego de que el "Millonario" recibiera una devolución por parte del Registro Nacional de las Persona (Renaper) en la que fueron señaladas como fallecidas unas 1.300 personas, hecho que quedará indicado en registro oficial que se utilizará en el acto eleccionario.

El padrón incluirá la aclaración que indica que "el socio se encuentra fallecido según el registro de RENAPER", informaron desde River, al tiempo que aclararon que ese organismo es el que mayor información puede aportar de cara a la confección del registro de votantes.

Si bien la denuncia que dio origen a la investigación por "posible falsificación de documento" que lleva a cabo Bonadío daba cuenta de unos 5 mil casos cuestionados, el Renaper solo identificó 1.200, por lo que la Comisión Electoral decidió mantener a dichos socios en el padrón.

En caso de que un socio cuestionado asista a la votación deberá constatar su identidad frente a la Comisión Electoral con su carnet de socio vitalicio, su DNI y también sellar con su huella digital una planilla para poder comprobar, ante una posible impugnación, que es la misma persona que figuraba en el padrón.

"Las medidas adoptadas por Bonadío no ponen en peligro la elección, la justicia federal investiga una posible falsificación de documento y no una irregularidad en el padrón que, además, fue elaborado de acuerdo a los requerimientos de la Inspección General de Justicia", remarcó una fuente del club.

En ese sentido, Ignacio Villarroel, asesor letrado y protesorero de River, confirmó a la agencia Télam que "Las elecciones del domingo no corren peligro. Está todo orden para que se lleven a cabo con total normalidad".

En el expediente a cargo de Bonadío, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) controle la votación del próximo domingo en River y que se refuerce la seguridad, medida que ya fue impulsada por el magistrado.

La fiscalía requirió que "se de intervención a la Inspección General de Justicia a fin de que aporte personal a su cargo en forma suficiente para un riguroso control del acto en coordinación con la comisión electoral de la institución deportiva", de acuerdo al dictamen al que tuvo acceso la agencia oficial.

El fiscal sostuvo, además, que aún no hay elementos para realizar una imputación concreta contra algún acusado por la posible falsificación de documentos pero sí aludió a cinco mil casos cuestionados de un padrón de 52 mil electores.

La denuncia que dio inicio al expediente había sido presentada a través de un escrito anónimo en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán quien realizó una investigación preliminar y luego formalizó una denuncia ante la Cámara Federal porteña en la que sostuvo que había personas fallecidas que podían estar habilitadas para votar.

En la denuncia se sostiene que podría estarse ante un caso de falsificación de documentos de personas muertas e inscripción irregular de socios en el padrón de votantes.

Al realizar la investigación preliminar, el fiscal Marijuán obtuvo informes de la Cámara Nacional Electoral que confirmó que cinco documentos de identidad llegados a la fiscalía en una denuncia anónima "no se correspondían con las matrículas reales de los ciudadanos identificados bajo esos números", por lo cual serían falsos.