Justicia porteña quiere llevar a juicio a Passarella

Daniel Passarella comprometido con la Justicia porteña.

La justicia contravencional porteña solicitó llevar a juicio oral a Daniel Passarella y a ocho dirigentes de River al considerar que no se dio cumplimiento con una serie de obras a las que se comprometió en abril último orientadas a mejorar la seguridad en el estadio Monumental.

El pedido lo hizo el fiscal Gustavo Galante tras solicitar la revocatoria de "la probation" oportunamente concedida al presidente de la entidad.

El funcionario del Ministerio Público pidió dejar de lado el beneficio al considerar que Passarella y ocho miembros de la Comisión Directiva no cumplieron con las medidas que se habían comprometido a instrumentar tras los incidentes ocurridos en junio de 2011 con motivo del descenso de River a la B Nacional.

En el último mes de abril el club de Núñez se había comprometido a realizar una serie de reformas y tomar medidas de prevención con el objetivo de evitar nuevos hechos de violencia en el estadio.

Sin embargo, la muerte de Gonzalo Saucedo, apuñalado en la platea Sívori, generó nuevas diligencias jurídicas que permitieron confirmar que las obras oportunamente solicitadas jamás se pusieron en marcha.

En ese marco, Galante pidió a la jueza penal María Alejandra Dotti que les revoque la probation y los envíe a juicio.

Fuentes judiciales explicaron a la agencia Noticias Argentinas que la magistrada deberá fijar una audiencia para que los acusados expliquen los motivos por los qué no cumplieron con la probation para luego resolver si los envía a juicio.

Junto a Passarella están acusados los vicepresidentes Diego Turnes y José Omar Solassi, el secretario Daniel Bravo, el secretario de actas Carlos Alberto Mosquera, el tesorero Luis Renzi, el gerente general del estadio Cristian Francisco, el jefe de seguridad del club Luis Delaico, y el delegado de seguridad, Gustavo Quinteros.

Todos están acusados de violar el artículo 96 del Código Contravencional que castiga a "quien omite los recaudos de organización o seguridad" en eventos masivos con hasta 60 días de arresto en caso que haya "desórdenes, aglomeraciones o avalanchas".