Aceleran reparto de impuesto al cheque con las provincias

En la pelea con el gobierno por el recorte a los fondos de coparticipación, los gobernadores peronistas, aliancistas y de partidos provinciales se aprestan a operar en tres frentes: el primero, incrementar el dinero que se coparticipa, modificando la ley de impuesto al cheque, para incorporarlo a esos fondos. El segundo es la apelación ante la Corte, que inauguró el jujeño Eduardo Fellner, al que ayer se sumó el salteño Juan Carlos Romero, anticipando que lo hará la semana próxima. El tercero será el miércoles que viene: motorizados los peronistas por José Manuel de la Sota y Adolfo Rodríguez Saá, habrá una cumbre de todos los gobernadores en el CFI para negociar con el gobierno y unificar los reclamos. Hay disensos parciales: el rionegrino Pablo Verani no recurrirá a la Justicia. Mientras tanto, en el primer semestre de este año, el déficit de las provincias superó los $ 1.400 millones. El Ministerio de Economía ratificó ayer que, de acuerdo con la Carta de Intención presentada al FMI, se propone ahorrar $ 900 millones de los fondos de coparticipación federal en lo que resta del año. El gobierno, mientras tanto, espera tratar la nueva ley de coparticipación en el Congreso antes de fin de año.

En su disputa con el gobierno por los recortes a los fondos de coparticipación, los gobernadores peronistas, aliancistas y provinciales preparan una estrategia a tres puntas: 1) incrementar la masa coparticipable, basados en el precepto constitucional de que todos los impuestos lo son. Para eso acelerarán la revisión de la ley del impuesto al cheque para incorporarlo a esos fondos. 2) Seguirán las demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra la Nación por incumplir los pactos fiscales convertidos en leyes convenio (25.235 del 6 de diciembre de 1999, y 25.400 del 17 de noviembre de 2000). 3) El miércoles se hará un plenario de todos los gobernadores para enfrentar en conjunto los recortes y promover una reunión con Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo.

El Ministerio de Economía ratificó ayer por la tarde el compromiso del gobierno, asumido en el Memorando de Política Económica acordado con el FMI, de generar «un ahorro neto de $ 900 millones durante el resto de 2001» en materia de transferencia de recursos a las provincias.

En un comunicado, Economía reiteró que «en el caso de que los ingresos tributarios sigan siendo inferiores a los previstos como en julio» y que ello implique que el gobierno «no pueda asignar recursos para realizar las transferencias» para cumplir con el Pacto Federal de diciembre de 2000, se buscará «reequilibrar los términos convenidos para generar un ahorro neto de 900 millones de pesos». El término «reequilibrar», al ser consultado anoche el Palacio de Hacienda, significa que Cavallo impulsará la revisión de los pactos fiscales firmados. En ese sentido, se manifestó que el gobierno «espera que la discusión con los gobernadores de la nueva ley de coparticipación federal de impuestos permita darle estado parlamentario antes de fin de año».

• Provocación

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Oscar Lamberto, señaló ayer, al ser consultado por este diario, que el comunicado que emitió Economía por la tarde «es una provocación». En ese comunicado se ratifica la voluntad del gobierno de recortar fondos a las provincias por $ 900 millones en lo que resta del año. «Pareciera que quieren incendiar a las provincias», reflexionó Lamberto. No obstante, señaló que «si el problema es la masa coparticipable, lo que hay que hacer es aumentar esa masa. Y el impuesto al cheque es funcional a esa necesidad», afirmó.

En tanto que Economía siguió ayer batiendo el parche en torno del recorte de $ 900 millones comprometido ante el FMI, los gobernadores peronistas, a través del cordobés José Manuel de la Sota, y el puntano Adolfo Rodríguez Saá preparan una cumbre de gobernadores -de todos los colores políticos-, el miércoles que viene en el CFI. El objeto es estructurar un frente contra el avance del gobierno sobre esos fondos. No descartaban ayer que se produzcan más demandas ante la Corte Suprema de Justicia, similares a la presentada el miércoles por el jujeño Eduardo Fellner, que pide que de acuerdo con los pactos fiscales firmados se haga cargo el gobierno central de las acreencias de los bancos que han financiado déficit con garantía de los fondos de coparticipación.

En la reunión para el miércoles en el CFI, donde los mandatarios provinciales, oficialistas y opositores, no se descarta que «pueda salir la decisión de presentar una acción judicial en conjunto ante la reducción del piso de la coparticipación, como hizo ayer (por el miércoles) Fellner ante la Corte Suprema de Justicia». Por lo pronto, en un viaje relámpago de pocas horas, el tucumano Julio Miranda tomó anoche contacto en esta Capital Federal para unirse al frente, mientras su fiscal de Estado, Guillermo Curia, seguía enfermo.

El tema promete otro cruce entre aliancistas y justicialistas, a la luz de que, por ejemplo, el radical rionegrino Pablo Verani ya anticipó que su distrito, aunque sufre retrasos en el pago, no planea iniciar acciones judiciales. Verani precisó que «de los compromisos del primer semestre a través del fondo fiduciario quedan sin cobrar casi 13 millones de pesos, pero también demoraron otros tres millones de coparticipación». No obstante, aseguró que «no harán ningún planteo por la vía judicial porque no tiene sentido, ya que jurídicamente se tarda más que por la vía práctica».

Del otro lado, el salteño Juan Carlos Romero anunció que la Fiscalía de Estado provincial -a cargo de Héctor Hugo Martínez- está preparando una presentación de demanda ante la Corte Suprema, y que espera que el lunes o martes el texto pueda estar ante esos estrados.

Sostuvo que el no cumplir con los acuerdos «le quita muchísima seriedad al país» y se preguntó: «¿Quién va a creer que somos un país confiable, si a los pocos días de lograr leyes como el Pacto Fiscal la propia Nación está negando la posibilidad de su cumplimiento?».

En tanto, voceros del gobernador de La Pampa, Rubén Marín, alertaron que «no habrá una presentación judicial hasta que no se establezca en una reunión con los gobernadores» de las demás provincias, lo que alienta la chance de que el tema esté en el encuentro del miércoles.