Acreedores pedirán quiebra de "Clarín" (04/10/02)

El pedido de quiebra a Multicanal adelantado ayer por este diario se extenderá a todas las empresas del monopolio «Clarín», incluido el holding controlante. Esto, en caso de que la firma de televisión por cable propiedad del monopolio no levante las seis solicitudes de quebranto presentadas en la víspera ante el Juzgado Comercial N° 4 a cargo del juez Carlos Ottolenghi. Así lo anticipó a este diario Carlos Prato, representante de los acreedores/tenedores de obligaciones negociables de Multicanal. El letrado dijo que «se abre un plazo de unos 30 días, en el que el juez pide diversas acreditaciones, documentación, etcétera. Una vez cumplido, le dará cinco días a la empresa para que pague o se presente en concurso preventivo.Y si hacen esto último, iremos por todo: haremos extensivo el pedido de quiebra a todas las empresas que controla Clarín». El abogado agregó que «por la gran interconexión que existe entre las diversas subsidiarias de ese grupo, les será imposible desvincular a Multicanal del resto».

Prato, del estudio Luchinsky, Prato, Roschanski, aseguró que sus clientes -que forman parte del grupo autodenominado «Damnificados 2002»- están «dispuestos a morir matando. Somos conscientes de que un concurso preventivo dificultará el cobro futuro, pero el maltrato que hemos recibido por parte de la deudora (Multicanal/Clarín) fue tan grande que esta gente está dispuesta a -por decirlo de alguna manera- 'morir matando'».

Los seis pleitos iniciados ayer totalizan cerca de u$s 325.000, una cifra ínfima si se la compara con el total de la deuda de Multicanal, que superaría largamente los u$s 700 millones sólo en obligaciones negociables. Sin embargo, de prosperar esta acción, seguramente serán muchos los acreedores que sigan el mismo camino. El pasivo total del monopolio que comanda Héctor Magnetto ya supera los u$s 2.200 millones.

Según José LuisVillaveirán, de Damnificados 2002, «la próxima semana se presentarán otros 50 pedidos de quiebra, cuya documentación están preparando los abogados.Ya no queremos negociar más, porque cada vez que quisimos hacerlo no se dignaron ni siquiera a atendernos, y mucho menos a presentarnos un plan de pagos».

Cabe recordar que la empresa de cable del monopolio está desde hace varios meses en cesación de pagos, pero aún no pidió su concurso preventivo. Casi de manera simultánea a dejar de abonar sus obligaciones, inició un proceso de renegociación de su deuda con los principales grupos tenedores de bonos; el temor de los pequeños ahorristas nucleados en esta organización sería que los grandes tenedores arreglen un acuerdo que los perjudique; de ahí el «apuro» por cobrar. La demanda, además, no sólo es por los intereses caídos sino por el total del capital principal de los bonos, algunos de los cuales tienen series que vencen hasta en 2019, una complicación adicional para la ya maltrecha situación financiera del grupo.

«A confesión de parte, relevo de prueba: en la propia memoria de los estados contables de Multicanal se dice que la actual situación 'echa dudas sobre la capacidad de la empresa para continuar operando'. Todo dicho...», se encrespa Villaveirán.

El mismo grupo también la emprendió contra Autopistas del Sol (AUSOL), la concesionaria del Acceso Norte. Sin embargo, en este caso no hay pedido de quiebra sino un juicio ejecutivo por cobro de pesos. «Se reclama el capital más los intereses, lo que se denomina 'aceleración' del plazo de repago de la obligación», explica Prato. De todos modos, habría algún margen de tolerancia mayor con la empresa de autopistas, dadas las conocidas dificultades que tiene para equilibrar sus cuentas ante la negativa oficial a permitirles aumentar sus tarifas. Se sabe que directivos de AUSOL mantuvieron repetidas reuniones con este grupo de bonistas, y les manifestaron su imposibilidad de presentarles un programa de reestructuración de la deuda antes de poder definir cuál será su flujo de caja futuro. «Pero igual estamos cansados de esperar: queremos cobrar ya», se enfurece Villaveirán. AUSOL también realizó «conference calls» con grupos de acreedores del exterior, que se habrían mostrado más dispuestos a esperar la renegociación del contrato de concesión, interrumpida por una medida cautelar de la Justicia, que impidió la celebración de audiencias públicas donde se trataría la suba de tarifas de las privatizadas. Y si bien no hubo propuestas concretas, en esas charlas telefónicas grupales se sembró la idea de lo inevitable: baja de la tasa de interés, quita en el monto principal, extensión del plazo de repago o una combinación de las tres.