El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, informó que el corte en el servicio de agua que realizó Aguas Argentinas el 3 de setiembre pasado en Capital Federal se debió a «la creciente contaminación del Río de la Plata» y a «la precariedad» de la gestión en la planta potabilizadora San Martín. Esto derivó, en opinión del funcionario, en «suministrar agua no apta para el consumo humano», antes de cortar el servicio, aunque no queda claro cómo llegó a comprobar esa situación.
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Aguas Argentinas interrumpió el suministro el 3 de setiembre a las 20, tras haber detectado que el agua cruda proveniente de la toma de agua del río tenía color y sabor inusuales. Posteriormente, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) ordenó el análisis del agua a organismos técnicos, según los cuales no había existido una concentración de fenoles mayor que la habitual en la toma de agua. Tras esto, el expediente del organismo regulador se centró sobre todo en que Aguas Argentinas no había cumplido con la obligación de informar apenas detectada la presunta irregularidad (12 horas antes de realizado el corte, según dijo la misma compañía).
El informe difundido por Mondino atribuyó responsabilidad a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable por la ausencia de un sistema de monitoreo, detección y control de las descargas tóxicas en las aguas provenientes del arroyo Medrano. Según el defensor, «la continua y creciente contaminación de las aguas del Río de la Plata tiende a la elevación de la estructura de costos del servicio de agua potable».
Asimismo, el defensor indicó que en la fecha de la emergencia «no funcionó el sistema automático de detección y alerta temprana de las tomas de agua de la planta potabilizadora» y que «este colapso fue la causal inmediata de la contaminación de la planta y del agua librada al servicio». En el informe de la defensoría no quedó claro cómo pudo comprobarse que había ingresado agua cruda contaminada a la planta potabilizadora y que la misma había llegado a las redes de los usuarios. El defensor también responsabilizó al ETOSS por «la omisión de control y regulación efectiva de la concesión», que habrían permitido detectar «a tiempo la presencia de deficiencias en los sistemas automáticos y en la dotación de recursos para el eficaz tratamiento del agua en la planta».
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