Argentina ratificó su posición de no pagar a los fondos buitre

Argentina volvió a solicitar a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revierta el fallo tomado por el juez Thomas Griesa el 21 de noviembre pasado en favor de fondos buitre que tienen en su poder títulos de deuda en default.

La presentación, realizada en las últimas horas del viernes por los abogados que representan al país, sostiene además que el juez Griesa se extralimitó en sus atribuciones al tomar esa decisión debido a que en nombre de la "igualdad de trato" no se puede privar a los tenedores de bonos canjeados de los beneficios obtenidos a través del proceso de reestructuración de deuda llevado adelante por Argentina.

El documento presentado por Argentina se inscribe dentro del cronograma de presentaciones dispuesto por la Corte previo a la audiencia final fijada para el 27 de febrero próximo que se llevará a cabo en Nueva York, en el marco del juicio entablado contra el país por los fondos buitre NML y Aurelius.

Para el gobierno argentino, la Cámara de Apelaciones tuvo un comportamiento precavido en la intervención inicial que tuvo en la causa tras el fallo de noviembre tomado por Griesa, cuando pidió al magistrado una explicación sobre los efectos que podría tener para terceros la decisión de reconocer el reclamo de pago total de la deuda formulado por los fondos buitre y el significado que le atribuía al "pago a prorrata" en su sentencia.

El magistrado estableció que Argentina debía pagar 1.330 millones de dólares para el 15 de diciembre a los tenedores de deuda en default, y contempló que de no cumplir con esa decisión se debía utilizar los fondos que el país debía depositar para abonar en el Banco de Nueva York para abonar beneficios a los que sí ingresaron al canje.

Ante esta decisión, la Corte decidió suspender la instrumentación del fallo de Griesa hasta examinar a fondo la apelación.

La presentación hecha por los abogados que representan a Argentina sostiene que Griesa excedió los límites de sus facultades, afecta derechos de terceros y desconoce límites de alcance extraterritorial y de la ley de inmunidad soberana.

Fuentes gubernamentales precisaron a Télam que los principales puntos del escrito presentado por Argentina hacen eje en que las órdenes de Griesa violan la Ley de Inmunidad Soberana y los Limites sobre la Jurisdicción de Equidad de las Cortes.ç

Como el criterio de la Corte es la equidad y no los derechos particulares, el escrito argentino advirtió que en nombre de la "igualdad de trato", no se puede privar a los tenedores de bonos canjeados de los beneficios obtenidos, y con ello poner en peligro una reestructuración que tuvo casi un 93 por ciento de aceptación.

También sostiene que ningún país debe ser requisado por un tribunal de distrito de EE.UU, debido a que no tiene capacidad efectiva para hacerlo.

Argentina sostiene que la interpretación de Griesa sobre el "Pago Prorrata" debe ser rechazado, ya que el pago del 100 por ciento de lo adeudado en un solo pago -como reclaman los fondo buitre- es claramente contrario al concepto de "trato igualitario".

El escrito recuerda que tanto Argentina como los bonistas que entraron al canje se pronunciaron en contra de cualquier fórmula de "pago prorrata" que ignore la quita dispuesta en el canje de deuda debido a que una situación de ese tipo no constituye un "trato igualitario".

Argentina explicó a la Corte de Distrito, que una interpretación de ese tipo disparará reclamos de tenedores de aproximadamente 15.000 mil millones de dólares en capital e interés de deuda en default adicional, un monto equivalente a la tercera parte de las reservas del país.

También sostiene que las órdenes de Griesa exceden a las Leyes de los EE.UU con relación a los tenedores de bonos.

En tal sentido recordó que la Corte de Distrito desoyó la preocupación de la Corte de Apelaciones sobre el alcance de las medidas y aceptó un pedido de los buitres de librar órdenes contra terceros (Bancos y Agencias de Clearing) calificándolos de "cómplices".

El escrito argentino recordó que la legislación vigente establece que las partes en una transferencia de fondos sólo pueden ser inhibidas "bajo causa adecuada", mientras que el reclamo de los fondos buitre hace foco en la República y no respecto a la multitud de instituciones financieras que componen el sistema internacional de pagos o respecto de los Bonistas del Canje.

Argentina también sostiene que las órdenes del juez Griesa del 21 de noviembre violan el interés público porque afectan a los bonistas que ingresaron al Canje, a los participantes en el sistema internacional de pagos, a los mercados financieros en general, al futuro de nuevas restructuraciones soberanas y al rol de Nueva York en la comunidad legal y financiera internacional.