Audacia: PJ propone garantizar deuda con toda la recaudación

El peronismo se mostró más agresivo que nunca ayer con el gobierno de Fernando de la Rúa. Y acaso eligió el momento menos oportuno para su embestida: a partir de hoy el mandatario visita los Estados Unidos en busca de apoyo para una operación financiera complicada como la de reestructuración de la deuda pública. El gesto adverso más evidente tuvo que ver, precisamente, con el trámite del «Nuevo Plan» lanzado por Domingo Cavallo: los gobernadores del PJ decidieron no cerrar trato con la Nación por las transferencias de coparticipación (aunque anoche se especulaba con que nueve provincias del peronismo podrían revisar su postura). Un día antes, alentaron que la Cámara de Diputados sancionara una ley por la cual los fondos del impuesto al cheque se repartirán entre provincias. Pero estos desaires no fueron lo único. Hugo Moyano, un hombre que coordina habitualmente sus movimientos sindicales con el PJ de la provincia de Buenos Aires, realizó una medida de fuerza que paralizó el tráfico comercial en las fronteras del país. Al mismo tiempo, los gobernadores del peronismo resolvieron que a partir del 10 de diciembre el presidente y el vicepresidente del Senado saldrán de la bancada opositora. Para la Casa Rosada es una decisión traumática: se trata del virtual vicepresidente, que deberá presidir el gabinete y firmar decretos en ausencia de De la Rúa. Carlos Ruckauf -a quien el Presidente acusa ante íntimos de fomentar una conspiración para terminar con su mandato-echó leña al fuego amenazando con embargar bienes de la Nación en su distrito. Desde los EE.UU. Fernando Henrique Cardoso devolvió gentilezas a Cavallo haciendo notar que «felizmente Brasil no es la Argentina» en términos financieros. Por si faltaba algo, el PJ, los jefes de provincia y la CGT resolvieron convocar para el 20 de noviembre a una marcha de quejas múltiples, contra De la Rúa, en la Plaza de Mayo. Por eso la entrevista que el Presidente mantendrá el domingo con George W. Bush comenzó a ampliar sus objetivos desde ayer: ya no se pedirá sólo respaldo para la operación económica, sino que se espera que el gobierno norteamericano avale la estabilidad del propio gobierno radical.

Los gobernadores peronistas le ofrecieron ayer al gobierno nacional poner el monto total de todos los impuestos que se recaudan en la Argentina como garantía del pago de los compromisos externos. Esa fue la respuesta que dieron los mandatarios que militan en el PJ a la última propuesta de acuerdo fiscal que rechazaron, a diferencia de las provincias administradas por la Alianza y el partido provincial de Neuquén.

La idea fue sostenida por el peronismo cuando Domingo Cavallo la llevó al Congreso como «ley de crédito público», un proyecto inspirado en la ley Avellaneda de 1875 y pergeñado por Horacio Liendo, asesor no declarado del ministro de Economía. En abril pasado la oposición de la propia Alianza y los encendidos discursos de Elisa Carrió acusando a Liendo poco menos que de traidor a la patria voltearon esta iniciativa. No era algo nuevo porque ya antes de la asunción de Cavallo, en abril, la tenía Chrystian Colombo sobre su despacho e incluso la había debatido, siendo José Luis Machinea ministro, con el propio Liendo.

Si esta norma es aceptada esta vez pondrá a disposición de la negociación externa nada menos que $ 50.000 millones (lo que se estima recaudar en este ejercicio).

La carta que recibió anoche el Presidente propone, además, el reparto de todos los impuestos que hoy recauda la Nación; hoy se coparticipan los tributos nacionales a las Ganancias, IVA, combustibles, impuestos internos, aduanas, pero con descuentos que la Nación se apropia, dicen las provincias. No se reparte el que grava las operaciones financieras ($ 3.500 millones al año).

También proponen los gobernadores acelerar la sanción de una nueva ley de coparticipación que contenga estas propuestas.

Esta oferta lanzada por los gobernadores luego del portazo a cualquier firma de un acuerdo terminó poniéndolos anoche junto al gobierno, de manera que el Presidente podrá decir desde hoy en los EE.UU. que tiene la solidaridad de la oposición política y este formidable recurso que habían exigido en vano hasta ahora los organismos internacionales de crédito.

• Oportunidad

Mostró, además, en los peronistas un sentido de oportunidad muy ajustado: firmaron la propuesta cuando los aliancistas ya habían firmado una con De la Rúa. Ahora, amparados en la oferta de la recaudación como garantía de todas las deudas, las provincias peronistas parecen en condiciones de firmar desde hoy acuerdos particulares. «Han saltado el cerco varios», se ufanó anoche un secretario del Ministerio de Economía, que atendía charlas telefónicas con varios gobernadores.

La carta que enviaron los peronistas a Fernando de la Rúa ofrece, como contrapartida de esta oferta de garantía, que todos los impuestos que se cobran sean coparticipables. Una idea que está en línea con el voto que promovió el PJ el miércoles en Diputados, de media sanción al reparto del impuesto a la ley del cheque.

La propuesta de los peronistas buscó, además, responder a la acusación del gobierno de que el rechazo al acuerdo aceptado por los gobernadores aliancistas respondía a una maniobra de desestabilización política de la administración De la Rúa. Algo que alimentó el espectáculo de ayer de todo el peronismo actuando en conjunto desde la sede de la provincia de Salta, adonde se juntaron gobernadores, legisladores y sindicalistas peronistas entonando lemas opositores sin brindar ninguna chance de negociación.

Cuando se conoció el rechazo final del peronismo a cualquier pacto fiscal, los gobernadores comenzaron a navegar sin luces. Un grupo de ellos, integrado por los nueve que se financian en el llamado fondo fiduciario y que tienen graves problemas de caja para el pago de sueldos y proveedores, entraron en conversaciones secretas con funcionarios nacionales para encontrar alguna forma de acuerdo.

Otros, como José Manuel de la Sota, Carlos Rovira y Adolfo Rodríguez Saá, se sentaron junto a sus asesores a redactar la carta de respuesta. Entre estos últimos estaban el ex secretario de Relaciones Provinciales de la era Menem, Rogelio Frigerio III, y los ministros provinciales Oscar Brizuela (Misiones) y Alberto Mercier (Sante Fe), en comunicación con el jefe de Gabinete de Misiones, Humberto Schiavoni, que estaba en Posadas. Rodríguez Saá fue el encargado de llamar a Colombo y anunciarle que no firmaba ningún peronista. «Van a tener que firmar sí o sí», se enojó un malhumorado Colombo.

Frigerio III expuso que había que proponerle con franqueza al gobierno nacional ir a suerte o verdad con el reparto de todos los impuestos. «Pero -agregó- tenemos que darle al gobierno alguna herramienta de negociación del paquete». Recordó el debate sobre la ley Avellaneda en abril pasado, algo que recibió bien De la Sota, inspirador de la ley de convertibilidad fiscal.

Se sentaron a escribir en la PC y enviaron un fax a Colombo, que respondió con un llamado más enfurecido con esta propuesta. «¿Por qué no ofrecieron esto antes? Cambiaba todo», se lamentó en medio de las risas mudas de los que escuchaban a través del teléfono manos libres. «El error del gobierno -explicaron al salir- es corrernos para firmar algo que creen los va a beneficiar cuando levante la recaudación.»

El pelotón de los más necesitados de fondos reiteraron en llamadas por línea privada con funcionarios nacionales sus últimas condiciones: pedían, frente a lo firmado por los aliancistas, dos cláusulas más: 1) que se autorice una emisión nueva de títulos LECOP que supere los $ 1.300 millones que están autorizados hasta ahora; 2) que quede aclarado cómo se integrará, por parte de la Nación y de las provincias, el fondo de crédito público adonde irá el dinero del impuesto al cheque.

El gobierno nacional no parece dispuesto a rechazar esta cláusula, como tampoco el decreto que le pidieron ayer los gobernadores aliancistas para que interrumpa el «goteo» por encima de la tasa de 7% de los fondos coparticipables que reúne y distribuye el Banco Nación todos los días. Por eso es probable que hoy haya, aunque sea sin la presencia de De la Rúa y sin fotografías, firma de nueve gobernadores peronistas.

Buscan no sólo aliviar su tesorería regularizando pagos y actualizando deudas sino también evitar la irritación que habrá en la opinión pública cuando se vea a gobernadores que sí firmaron el pacto (los aliancistas) pagando deudas y salarios con LECOP. Entre esas que firmen se especula que estaría la provincia de Buenos Aires.

Quedarán, como era esperable, los cinco distritos con menos deudas y dificultades financieras (Santa Cruz, San Luis, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero), que verán la forma de acogerse, quizás en un acuerdo VIP, a la oferta del gobierno de entregarle un bono «monetizable» en pago de las deudas.