Poco a poco se van develando los misterios que rodean la negociación del canje de deuda y cómo juegan los jugadores en el “póquer del mentiroso”. Primero, tras conocerse la oferta de canje, varios comités de acreedores “jugaron” con sendos comunicados rechazando los términos de la propuesta argentina. Ayer fue el turno del Gobierno argentino quién a través del Ministerio de Economía informó que finalmente decidió no pagar los intereses de los bonos Globales 21/26/46 (unos u$s503 millones), y a su vez les fijó el deadline a los bonistas: el próximo 8 de mayo expira la oferta.
Póquer del Canje: señales inducen a un acuerdo parcial
Poco a poco se van develando los misterios que rodean la negociación del canje de deuda y cómo juegan los jugadores en el "póquer del mentiroso"
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Ministerio de Economía
De modo que Argentina echó mano a una de sus últimas chances apostando a los períodos de gracia contemplados para los intereses de estos bonos, evitando así perder parte de sus anoréxicas reservas (el vencimiento representaría más de un 4% de las reservas líquidas del BCRA) pero activando el reloj de un default real. Cabe señalar que estos bonos tienen cupones que van desde el 6,875% hasta 7,625% anual, que a la luz de las tasas internacionales actuales parecen alienígenas, de no ser por el track récord argentino.
Lo cierto es que lo que más se escucha del lado acreedor es que “hay margen para evitar lo peor para ambas partes”. Claro que esa es la sensación o más bien parece ser el rezo de los que piensan bajo un esquema de lógica racional. Pero en este “póquer” entran a terciar otras variables. Hoy los estrategas de los acreedores ya no solo se debaten entre los escenarios posibles hacia el cierre de la oferta sino que ya empiezan a vislumbrar como “la” estrategia oficial, en el caso de no alcanzarse un acuerdo, la de arribar a un acuerdo parcial, es decir, dar lugar a una nueva generación de “holdouts” (bonistas que no entran al canje). O sea, un second best frente al default total. Creen que no le disgustaría al Gobierno la idea de un default parcial. Todo lo contrario, lo ven en una situación de comodidad frente a ese escenario.
En tal sentido, los análisis se enfocan en los dos universos de bonos según su Indenture (contrato del título), porque están los Globales 21/22/23/26/27/28/36/46/48 y Century que se rigen por el Indenture 2016 y los bonos Par y Discount 2005/2010 bajo el Indenture 2005. En el caso de los primeros hay tres formas de llegar a un acuerdo total: 75% de cada serie, 66% del grupo y 50% de cada uno y 75% del grupo si la oferta es uniforme. Acá el objetivo oficial parece ser el de juntar las mayorías de la forma que se pueda. Mientras que en el segundo caso, hay dos formas: 75% de cada serie o 85% del grupo y 66% de cada uno. La visión del mercado es que será muy difícil conseguir las mayorías. De modo que vislumbran el camino, más probable ahora, hacia un acuerdo parcial con holdouts, o bien, el default total.
Muchos especulan con el hecho de que gran parte de las series de bonos emitidos por el gobierno anterior están en manos de los llamados fondos “real money”, son aquellos que gestionan ahorros genuinos de trabajadores o jubilados, los más parecidos a los que en el 2003 representaban a los carpinteros de Oregón o los jubilados italianos o japoneses. No son especuladores natos sino que privilegian el dinero de sus clientes, porque al fin y al cabo, son a los que les deberán rendir cuentas, por ende, tampoco podrán aceptar cualquier cosa. Pero se especula que teniendo a estos fondos aceptando las mayorías son plausibles de conseguir. Pero no son muchos, lamentablemente. En estas horas también se ha hablado mucho sobre el negocio de los holdouts pero valen algunas reflexiones que alimentan la opción del acuerdo parcial. Se suele comparar la amarreta oferta de cupones presentada con la opción del devengamiento de intereses que tendría un eventual holdout yendo a la justicia.
En el caso de los títulos bajo ley Nueva York, ante un default, un bonista devenga la tasa del cupón original hasta el vencimiento original del bono y una tasa de penalidad del 9% para todos los flujos de capital e intereses no cobrados, hasta tanto haya una sentencia. De ahí que los holdouts que acordaron en 2016 tenían principales por poco más de u$s5.500 millones pero reclamaban cobrar, con el aval judicial, u$s17.400 millones. El gobierno de Macri terminó pagándoles casi u$s11.400 millones, o sea, más del doble de su acreencia original. Claro que invirtieron 15 años en juicios y abogados. Hoy la situación es diferente. Porque esos holdouts lograron cobrar en 2016 por un fallo pari passu, que impedía al país volver a tener crédito a menos que arreglaran con ellos. Pero la cláusula pari passu de los bonos emitidos a partir de 2016 es muy distinta a la de los bonos de los 90, y además los holdouts lograron un acuerdo porque eran el 7% de los bonistas originales (el resto había entrado al canje).
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