El conflicto entre los camioneros liderados por Hugo Moyano y la empresa Carrefour siguió ayer con redoblada intensidad, ante la pasividad del gobierno nacional y la acción de algunos fiscales que obligaron a los «activistas» del gremio a desalojar el ingreso a los supermercados bloqueados. Así la Policía -por orden judicial- removió las barricadas que impedían la entrada y salida de los híper de Mendoza, Mar del Plata, San Fernando y Quilmes; sin embargo ambos centros de distribución (en Esteban Echeverría y en Munro) y la mayoría de las bocas de Carrefour, ubicadas en la provincia de Buenos Aires, continuaban «copadas» por los camioneros, que reclaman la afiliación compulsiva a su sindicato de unos 300 empleados que siempre fueron miembros del Sindicato de Comercio. La empresa se niega al traspaso, aduciendo justamente la antigua afiliación de sus trabajadores, la actividad principal (comercio) como criterio para el empadronamiento y que no hay ninguna norma (ni judicial ni del Poder Ejecutivo) que la obligue a ello.
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En este marco, el martes a última hora el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibió en su despacho a Eric Legros, CEO de Carrefour Argentina; el ejecutivo escuchó de boca del funcionario una recomendación que puede calificarse de insólita: «Acepten; tienen que ceder a lo que les pide Moyano». Legros le preguntó por qué había que acatar ese criterio, y Tomada habría citado su Resolución 263/03 de octubre pasado, aun cuando la Cámara de Apelaciones en lo laboral determinó que la misma no obligaba a la empresa a reafiliar a sus trabajadores porque no se expedía sobre la cuestión de fondo.
Legros habría solicitado que el Ejecutivo desalojara a los activistas que bloquean el ingreso a sus sucursales y centros de distribución, dado que en pocos días más -de no poder reponer mercadería-sus góndolas quedarán vacías; agregó que no sólo se perjudicaría la empresa sino también todos sus empleados y hasta el fisco, que dejará de recaudar impuestos sobre lo que no venda Carrefour mientras dure el conflicto. Tomada habría respondido: «Yo no le puedo pedir a Moyano que se vaya... Acepten, cumplan con mi resolución». Luego, Tomada les recordó a los empresarios que antes de apelar la multa aplicada el martes debían abonarla. Por eso ayer Carrefour depositó los $ 200.000 de rigor, y se tomará hasta la semana próxima para recusarla ante la Justicia.
• Amenazas
En tanto, ambos Moyano (Hugo y su hijo Pablo, también «dirigente» camionero) redoblaron las amenazas que lanzaron el martes en una solicitada publicada en el matutino «Crónica». El mayor de los sindicalistas protestó vivamente por la detención de un par de activistas en la mendocina Guaymallén, en el marco del desalojo de la sucursal de esa localidad, que tomó ribetes violentos por la resistencia de los activistas a acatar la orden judicial. Su retoño, en tanto, amenazó con extender el bloqueo a Norte, Tía y Día Discount, las otras marcas y formatos con que opera Carrefour en la Argentina. Tía, cabe recordarlo, fue absorbida por Norte, que tiene 140 sucursales en todo el país, y Día, otras 228. Seguramente los Moyano tienen fe en su poder de movilización para prometer el bloqueo de casi 500 establecimientos comerciales.
Ayer por la tarde directivos de la empresa se reunieron con Raúl Rivara, secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires, para tratar que la fuerza pública libere el ingreso de camiones a los centros de distribución y a los híper. No se informó sobre los resultados de dicho encuentro, pero trascendió que las respuestas de este funcionario no habrían diferido demasiado de las brindadas por Tomada.
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