Crece la polémica por la intervención en el comercio de cereales

Economía

Una entidad de productores asegura que se está “en la antesala de un nuevo conflicto”.

La relación entre el Gobierno y las patronales del campo no atraviesa un buen momento. Esta semana, las entidades que integran la Mesa de Enlace fueron invitadas a la presentación del Plan GanAr en la sede del Banco Nación. Se trata de un programa que ofrece financiamiento para el sector ganadero con el beneficio de un subsidio de 7 puntos porcentuales a las tasas vigentes que los bancos ofrecen a la hora de brindar un crédito para capital de trabajo. Si bien es una señal positiva para la ganadería e implica un pensamiento a largo plazo, los representantes de los productores no asistieron y dejaron las sillas vacías.

Ese mismo día, en un encuentro informal con periodistas, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pidió a la dirigencia rural “que diga en público, lo que dice en privado” y solicitó que participen en la Mesa de las Carnes.

La respuesta de una de las entidades, Coninagro, no tardó en llegar. Desde la cuenta oficial de Twitter, la entidad cooperativista detalló que “Coninagro junto con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) y la Mesa de las Carnes, trabajó en políticas de financiamiento para la mejora de la producción. También con la Comisión Técnica para elaborar el Plan. Hemos ofrecido a nuestras cooperativas para facilitar el acceso a este programa”.

Más allá de los detalles acerca de si hubo o no compromiso de parte de las patronales, pareciera quedar en evidencia que una vez más el campo y el Gobierno transitan un período de distanciamiento.

El conflicto no está centrado en la carne, sino en las exportaciones de trigo y maíz. Mientras Domínguez intenta explicar que buscará “garantizar un punto de equilibrio”, desde el sector agropecuario sostienen que no hay nada mejor que “la libertad de producción, de comercialización y acceso a los mercados”, ya que esa es la “clave para alcanzar mayor y mejor producción para generar más divisas que ingresan al país”.

No sólo las patronales, sino también las cuatro cadenas productivas rechazaron oportunamente cualquier intervención de los mercados. Todos hacen referencia a la resolución N° 276, que busca establecer cuáles serán esos “puntos de equilibrio” y otros detalles para concretar las ventas al exterior. El reclamo es conjunto, de toda la cadena productiva, porque se entiende que las industrias transformadoras necesitan que el área sembrada crezca para poder acceder a la materia prima en forma fluida y por otra parte, si hay intervenciones, se suele castigar al productor con una baja en el precio del grano.

Saldos exportables

Según Domínguez, en la citada resolución no se habla de saldos exportables y los datos que se utilizaron para confeccionarla surgieron de informes de las propias cadenas. Mientras Domínguez asegura una y otra vez que no quiere conflictos políticos y destaca que busca construir confianza, la realidad indica que la relación con el sector es tensa, aunque con diálogo abierto.

La última carta la jugó la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), una entidad que a nivel nacional se enrola dentro de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En un comunicado, los bonaerenses y pampeanos advirtieron que son “inexplicables las medidas anunciadas por las autoridades nacionales” y que “sólo buscan seguir interviniendo en un sector que de por si crece y aporta económicamente al país”.

Los ruralistas pidieron el cese de las interferencias en el sector, ya que generan malestar los anuncios de “medidas disparatadas y anacrónicas, promesas incumplidas y proyectos ya fracasados” y al mismo tiempo advirtieron que se esta “en la antesala de un nuevo conflicto”.

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