Confirman proyecto para trasladar las papeleras

El gobierno argentino confirmó ayer que le hizo a Uruguay una propuesta concreta para terminar con el conflicto por las dos papeleras que se están levantando en Fray Bentos. La idea oficial es financiar el traslado de las plantas unos 150 kilómetros hacia el Sur, lo que aparentemente permitiría que la potencial contaminación no llegue a las costas argentinas. Si se acepta la idea, el gobierno de Néstor Kirchner asegura que dará por terminado el conflicto. El proyecto costaría unos u$s 14 millones que serían financiados eventualmente por organismos internacionales, lo que no está claro. Hasta ayer no hubo respuestas oficiales de parte del gobierno de Tabaré Vázquez, aunque se especula con que la idea sería rechazada y se esperará a que la comisión bilateral que estudia el caso emita su opinión. En Uruguay garantizan que será favorable a su posición.

Ambito Financiero adelantó el 30 de diciembre la propuesta de la Cancillería argentina de ofrecer financiamiento al Uruguay para trasladar las plantas papeleras 150 kilómetros al sur de Fray Bentos.

El gobierno argentino confirmó ayer la propuesta de financiar la reubicación de las dos plantas papeleras que Uruguay está levantando en Fray Bentos, para solucionar el conflicto bilateral. El proyecto, adelantado por este diario el 30 de diciembre pasado, fue anunciado ayer oficialmente por el subsecretario de Integración Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eduardo Sigal, que de todas maneras no dijo si la idea había sido o no aceptada por el gobierno de Tabaré Vázquez.

El proyecto argentino contempla el eventual giro de un crédito de entre 10 y 14 millones de dólares, para que el país vecino decida levantar las obras ya iniciadas en la costa del río Uruguay, para trasladar las plantas a unos 150 kilómetros al sur del actual emplazamiento. Si el gobierno del país vecino avala la idea, desde la Argentina afirman que el conflicto se dará por superado.

Según Sigal, «hemos planteado concretamente que un traslado hacia unos kilómetros al sur no nos estaría afectando, de acuerdo con las corrientes, tanto hídricas como de los vientos». El funcionario entendió que, en caso de que Uruguay acepte la iniciativa argentina, el traslado debería concretarse «rápidamente porque las inversiones que realizan las empresas para instalar las plantas son cada vez más onerosas».

En paralelo, Andrés Rivas, miembro de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú puso en duda que la relocalización de las papeleras implique un menor daño ambiental en la zona y opinó que, para disminuir ese riesgo, deberían trasladarse las fábricas «unos 150 kilómetros hacia el interior del Uruguay».

«Dijo que la pastera finlandesa Botnia va a ser la más grande del mundo, con una producción anual de un millón de toneladas de pasta de celulosa, así que, aunque sea trasladada,seguirá contaminando el río Uruguay.»

• Aportes

En cuanto al costo del eventual traslado de las papeleras, que no bajaría de 14 millones de dólares, Sigal evaluó que podría afrontarse «con el aporte de distintos organismos internacionales» y manifestó no estar al tanto sobre la posibilidad de que la Argentina destine dinero para ese fin. La instalación de dos papeleras en la ciudad uruguaya de Fray Bentos es rechazada por los habitantes de Entre Ríos, en especial los de Gualeguaychú, quienes consideran que el emprendimiento traerá aparejado un importante daño ambiental en la región. Por eso, en las últimas semanas la Asamblea Ambiental de esa localidad profundizó sus protestas y cortes de rutas y puentesque unen la Argentina con Uruguay (ver Ambito Nacional).

En paralelo, a la espera de la respuesta por parte de la Cancillería local sobre el proyecto de trasladar las papeleras, ambos países esperan a fines de mes para conocer los resultados de la investigación que el grupo de expertos de los dos Estados está realizando para conocer si efectivamente las papeleras son o no contaminantes. Desde el gobierno de Tabaré Vázquez se especula con que este informe será positivo para su posición, con lo cual se reclamará luego que la Argentina acepte el proyecto sin mayores discusiones.

No sería ésta la hipótesis que maneja el gobierno de Néstor Kirchner. Fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete de Alberto Fernández, hablan de la posibilidad de recurrir como última instancia a la Corte Internacional de La Haya, bajo el argumento de que Uruguay nunca consultó a la Argentina sobre el emprendimiento, y que una obra de este tipo va en contra del tratado del río Uruguay, refrendado por ambos países en 1975, basado en el compromiso de la « preservación del aire».