El sindicalismo del Congreso intentará hoy que el recinto de Diputados apruebe uno de los proyectos laborales más complicados para las empresas: la ley que libera los topes indemnizatorios actualmente vigentes. Ese proyecto tiene despacho de comisión pero aún necesita de los dos tercios de los votos para ser discutido. Por eso es que la Comisión de Legislación del Trabajo, cuerpo controlado por Héctor Recalde, diputado y abogado de Hugo Moyano, pedirá que se trate sobre tablas.
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El kirchnerismo, anoche, mantenía una posición cauta. Se sabe que el oficialismo apoya todo el proceso de «desmonte», como lo llaman, de las reformas laborales que se introdujeron durante la década del 90. Por eso es que la aprobación de éste y otros proyectos que el sindicalismo apura en el Congreso está garantizada.
Pero a pesar de eso, el gobierno no quiere ver una maratón semanal de leyes sindicales pasando por el recinto. Más bien prefieren dosificarlas como si el efecto negativo en las inversiones se pudiera diluir por un mero artilugio temporal. «Ninguno de estos proyectos está mal, pero no es cuestión de tirarlos al recinto todos juntos», afirmaban anoche en el Frente para la Victoria.
Lo curioso es que si el gobierno quiere minimizar el efecto que tendrá en las empresas el aumento del costo laboral por la sanción de legislación más dura, debería seguir más de cerca la evolución de las leyes que están pasando por Legislación del Trabajo.
Es curioso que hoy, el mismo día que en el recinto de sesiones se piensa aprobar también la ley de promoción para inversiones en bienes de capital para pymes, en esa comisión laboral Recalde recibirá a representantes de las pequeñas y medianas empresas -muchos de ellos de ramas oficialistas- para debatir la derogación del Título III completo de la ley pyme. Ese tramo de la norma es precisamente el que estableció un régimen laboral especial para esas empresas y que comprende, entre las normas que aún continúan en vigencia, la posibilidad de celebrar convenios por empresas o cambios en el preaviso.
De todas formas, la ley de promoción para inversión en bienes de capital para las pymes llega al recinto con muchos cambios con relación al proyecto que inicialmente envió Roberto Lavagna a Diputados.
Ganancias
Por ejemplo, la idea original incluía la posibilidad de eximir del Impuesto a las Ganancias por dos años a los beneficios de esas empresas que fueran invertidos en la compra de bienes de capital, con la posibilidad de incluir las construcciones inmuebles involucradas en la capitalización. Ahora se estableció un cupo por el que esa exención a Ganancias no podrá superar 25% de la facturación de los últimos tres años. La inversión, además, no se deducirá directamente del beneficio que obtenga la pyme sino de la base imponible sujeta a impuesto, lo que limitará también el costo fiscal, una observación que la AFIP sostuvo desde que el propio gobierno envió la iniciativa al Congreso.
En cuanto a la ley de eliminación del tope indemnizatorio, el dictamen que hoy tendrán los diputados sobre su escritorio establece una modificación al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hoy el régimen de indemnización establece que en caso de despido sin justa causa «se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor».
Y fija luego un tope para ese monto: «Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad». Este párrafo es el que eliminará el proyecto que se pretende ahora sancionar.
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