Cuando lo que vale es la imagen

En diversos artículos anteriores adelantamos que, cualquiera fuese el candidato presidencial que ganara, los consumidores reaccionarían favorablemente cuando asumiera. En definitiva, éstos son los votantes y era lógico que confiaran en aquel que eligieron, apoyándolo luego con sus decisiones de gasto. El nivel de actividad depende en más de 80% de la demanda interna (consumo e inversión); por lo que esto es una buena noticia.

También es lógico que la inminencia de las elecciones haya implicado la postergación de la toma de decisiones económicas a la espera del desenlace. Esta moderación del gasto doméstico debe haber implicado cierta desaceleración en la tendencia de reactivación. Sin embargo, esto no necesariamente debe tomarse como un fin del proceso de recomposición económico.

Sin embargo, la clave para que el crecimiento productivo gane nuevamente velocidad y sea el máximo posible en el tiempo está en los inversores. Aquí hay que tener en cuenta que, durante los últimos dos años y en forma creciente, en la gestión política y económica primó el concepto de que «el fin justifica los medios». Por lo tanto, no existieron límites en términos de derechos, instituciones ni reglas de juego.

• Seguridad jurídica

Si no reconstruimos la perdida imagen de seguridad jurídica, difícilmente veamos que los inversores lleguen a la Argentina permitiendo potenciar el crecimiento del consumo, el empleo, la producción y el bienestar económico. Por eso, es importante que el actual gobierno muestre el mayor de los compromisos con el respeto de las instituciones y derechos. En ese sentido, no ayudan algunas señales que se están dando desde el PE y Legislativo:

a) Independencia del Banco Central: si bien formalmente el Banco Central conserva su autonomía, en el PE muchos consideran que lo más conveniente en un país en crisis es que la autoridad monetaria esté bajo la órbita del Ministerio de Economía. Por ello, es que se avanza sobre la independencia del BCRA con decretos como: 1) el del «matching», en el cual el PEN impone al Banco Central que los bancos paguen los redescuentos de acuerdo a los vencimientos de los títulos públicos que tengan en cartera, cuando esto es una facultad exclusiva de dicha institución; 2) el rescate de las cuasi monedas en el que PE autoriza la emisión de moneda para financiar al gobierno, cuando ésa es atribución exclusiva del Congreso; y 3) la creación de la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero en la que se transfiere a este organismo, que tiene participación de tres miembros del Ministerio de Economía (que tiene la presidencia con doble voto de desempate por un año), funciones de manejo del sistema financiero que son exclusivas del Banco Central, que tiene otros tres miembros.

Más allá de ser fervientes defensores de la independencia del Banco Central, más en momentos de crisis, nuestro interés no es plantear esta discusión. Lo importante es la señal que se está dando. Si hoy se viola una institución y/ o norma que protege al Banco Central, ¿qué impedirá que mañana se avasalle una que proteja a un ciudadano o a un inversor?

Por ello, nos parece hasta más conveniente que el Ministerio de Economía envíe al Congreso un proyecto que ponga bajo su égida al Banco Central, que seguir dando señales que deterioren la imagen de seguridad jurídica. A partir de allí, la discusión sí podrá ser sobre la conveniencia o no de esta decisión.

b) Ley de suspensión de la ejecución juicios hipotecarios: la lectura de los legisladores y algunos funcionarios públicos es que este tema no es importante porque alcanza solamente 1% de la cartera de los bancos. Sin embargo, es una señal de que, cuando la demagogia política lo manda, los derechos de propiedad y de los acreedores no existen en la Argentina. Es más, si por tan pocos deudores incumplidores perjudicados se toman este tipo de decisiones, cuánta más razón habrá cuando los beneficiados por estas violaciones a la seguridad jurídica sean una mayor cantidad de votantes.

c) Ley que protege a las «empresas culturales»: a nuestro juicio no existe ninguna razón de valía por la cual un extranjero no pueda tener una empresa de comunicación o «cultural» en la Argentina. Sin embargo, concedamos que esto es razonable. Lo que decididamente no tiene justificativo es que una empresa de este tipo que desmanejó su negocio y se equivocó en la estrategia de financiamiento no pueda ser tomada por sus acreedores (cram down) si éstos son mayoritariamente extranjeros. A nuestro juicio esto solamente sirve para proteger a empresarios irresponsables y dan una pésima señal sobre la arbitrariedad con que se dan privilegios y acerca de la falta de respeto a los derechos de los acreedores en la Argentina. Además, ¿qué impide que mañana alguien decida que otro sector es estratégico y se termine sancionando nuevos privilegios que dañen derechos de terceros?

d) La compensación de los bancos: durante el año pasado, el anterior gobierno y los legisladores se dedicaron a distribuir generosamente subsidios a los deudores pesificados a costa del patrimonio de los ahorristas y bancos pesificados. Por supuesto que esto es violatorio del derecho de propiedad preservado en la Constitución Nacional, pero hasta que la Justicia falló en ese sentido a nadie pareció importarle. El gobierno tiene todo el derecho del mundo a subsidiar a quien se le dé la gana. Sin embargo, lo debe hacer con los recursos de renta generales (contribuyentes), como en todos los países respetuosos del estado de derecho.

Luego de la fiesta demagógica de revoleo de dádivas, ahora nadie quiere pagar el costo (político) de la fiesta: decirles a los argentinos que lo enfrentaremos con nuestros impuestos. Por ello, no logra avanzar el proyecto de ley que establece la compensación al sistema financiero por los subsidios dados a los deudores a los que se les eliminó o sustituyó el CER como factor de actualización. También incluye que el gobierno cubra la porción del subsidio por pesificación de pasivos que el Estado pretendió cargar sobre los ahorristas cuyos depósitos fueron pesificados y que la Justicia ordenó redolarizar, obligando a la entidad financiera a asumir la diferencia cambiaria.

De todas formas, lo peor no está allí. Dentro del articulado, hay uno que deja al PEN determinar de qué forma se correlacionará el pago de la compensación de cada entidad a que ésta incremente el crédito otorgado. En primer lugar, esto no tiene en cuenta que la compensación es en títulos públicos; por lo que no genera liquidez prestable. Por lo tanto, los bancos deberían buscar de dónde sacar los fondos para aumentar sus prestamos. Por otro lado, lo más importante, es que no se puede condicionar un pago al que tienen derecho las entidades financieras a que le transfieran el manejo crediticio del banco al Estado. Si esto se puede hacer un sector productivo, ¿qué impide intentarlo con otro que de pronto sea atractivo para los funcionarios de turno?

Me gustaría poder decir que éstos son los únicos ejemplos de este tipo de señales negativas. Sin embargo, no es así. Por ello, me parece relevante hacer notar que la lectura a que dan lugar es a que un inversor que coloca sus fondos en el país queda expuesto a la arbitrariedad de nuestros funcionarios. Si no les brindamos un marco de institucionalidad y reglas de juego claras que restrinjan estos manejos de la dirigencia argentina, estaremos condenados a ser eternamente subdesarrollados.

(*) Socio y director general de la consultora EXANTE