A pesar de diferencias de último momento en su redacción, Alberto Fernández y Carlos Tomada se reunirán hoy con el bloque de senadores peronistas para presentar el proyecto de derogación y modificación de la reforma laboral. En medio de la presión del FMI y del Grupo de los 7 por la negociación de la deuda, el gobierno confirmó que enviará el proyecto al Congreso, a pesar de ser una norma que contradice acuerdos cerrados entre el país y ese organismo, lo que generará una segura protesta, e insistió en que será sancionado en ambas cámaras antes que Néstor Kirchner inaugure el período de sesiones ordinarias en marzo. El encuentro entre los funcionarios del gobierno y los senadores del PJ se hará a partir de las 17, aunque la mesa de conducción de la bancada PJ del Senado comenzará a deliberar desde las 13 en el mismo lugar.
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El texto que ingresará dispone la derogación y reforma de la Ley de Contrato de Trabajo 25.250, que fue modificada en 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Esa reforma, ahora teñida por las sospechas sobre supuestas coimas, fue monitoreada por el FMI, siempre en la búsqueda de marcos laborales más flexibles y si bien no figuró como exigencia concreta dentro de los acuerdos firmados con el organismo, formó parte siempre de los requisitos básicos de entendimiento.
Ahora, entre los puntos principales de la reforma figuran cambios en el período de prueba, que será de tres meses, con 15 días de preaviso, y una reducción de 33 por ciento en aportes patronales durante un año para aquellos empresarios que creen nuevos puestos de trabajo hasta el próximo 31 de diciembre.
La rebaja de esos aportes llegará hasta 50 por ciento para el caso de aquellas empresas que incorporen personal nuevo y que sean beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar. Pero, sin duda, el punto que más observaciones despertará en el FMI será la vuelta a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, punto esencial de la negociación en la reforma que había impulsado De la Rúa.
En el Senado, el proyecto irá directamente a la Comisión de Trabajo, presidida por el radical santacruceño Carlos Prades, enemigo de Néstor Kirchner. Pero eso no será obstáculo para que el proyecto se pueda aprobar el 19 de febrero por la mañana, tal como tienen previsto los peronistas.
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