Dilema para el gobierno: bajar Ganancias mientras sigue creciendo el gasto

El reclamo de los trabajadores del petróleo de Santa Cruz por una suba en el mínimo no imponible de Ganancias que deje sus sueldos afuera del alcance de ese tributo volvió a reflejarse ayer en todos los bloques de la oposición en el Congreso. Hubo un unánime «nosotros lo dijimos» entre radicales, aristas y duhaldistas, es decir, los que en diciembre pasado intentaron convencer al gobierno de la necesidad de bajar la presión tributaria sobre los salarios que perciben quienes hoy están alcanzados en la cuarta categoría de Ganancias.

La cuestión no escapa al bloque kirchnerista. Esta semana esa bancada debió haberse reunido para analizar todos los temas pendientes. El principal sigue siendo el punteo de votos para la reforma al Consejo de la Magistratura, pero el cambio en Ganancias que se prometió en el artículo 24 del Presupuesto 2006 también iba a estar sobre la mesa. Ese encuentro, finalmente, no se realizó.

No es ésa la única razón, pero hay algo cierto hoy en Diputados: existe un malestar en el oficialismo por cuestiones que pasan desde la ley de la Magistratura, los conflictos sindicales hasta el tratamiento que el gobierno destinó al sector agropecuario, incluido el problema de la aftosa, algo que complica a los diputados que representan zonas rurales.

En ese marco, las soluciones que propone cada bloque para los posibles cambios en Ganancias pasan por caminos lejanos a la idea que tiene el gobierno.

En el radicalismo se considera imprescindible elevar el mínimo no imponible y no trabajar exclusivamente en ampliar o incorporar deducciones al impuesto, como analizaría por estos días Economía.

En el resto de los 120 días que se fijó en el Presupuesto 2006 para que el gobierno intentara una solución -se lo incluyó como solución para salvar el honor de duhaldistas que se negaban a votar la prórroga de todos los impuestos si no se elevaban los mínimos-, otros sectores dentro del propio oficialismo intentarán convencer al gobierno de la necesidad de modificar el impuesto y bajar la presión tributaria para los trabajadores que ahora están alcanzados. Algo así explicó ayer el abogado Héctor Recald.

«Esto viene de mucho más atrás. Y no es casual porque hay una gran disparidad entre la fortaleza fiscal de la provincia y la pobreza de la gente», decía ayer una duhaldista, aprovechando la crisis de opiniones por la que pasa el kirchnerismo.

En medio de esto, a la conducción del bloque Frente para la Victoria le surgió otro problema: Alberto Abad se opone a que se vote el proyecto que permite a las pyme eximir del pago de Ganancias los dividendos obtenidos cuando los destinen a reinversión en bienes de capital. Este incentivo a la inversión por dos años, según la AFIP, tiene un problema básico: el costo fiscal sería de $ 6.000 millones en todo el período si se incluye en el ese programa a empresas más grandes, como le pidió la UIA esta semana a Agustín Rossi, jefe la bancada K.

Ganancias, entonces, por uno u otro sentido, sigue estando en el medio del debate. Aunque hay un elemento que une todos los problemas: la imposibilidad de resignar fondos de un gobierno que recauda mucho pero a la vez también gasta cada vez más.

Mientras el ARI y el radicalismo reclamaron ayer que se hiciera caso a sus propuestas de fin de 2005 de elevar el mínimo no imponible en Ganancias (hoy es de $ 1.840 para solteros y $ 2.240 para casados), dentro del propio PJ volvieron los cuestionamientos. «¿Qué es más gravoso: un IVA de 21% sobre todos los productos de consumo básico o un mínimo no imponible bajo en Ganancias?», insistía el santafesino Oscar Lamberto.

Quienes protestan en el Sur lo ejemplifican así: «El Impuesto a las Ganancias se lleva un mes de sueldo por año y el IVA se lleva tres -teniendo en cuenta que se consume casi la totalidad el ingreso sin demasiado poder de ahorro- y ahora hay que sumar también el impuesto inflacionario».

Lamberto, junto al senador Jorge Capitanich, esta semana salió a plantear la necesidad de un debate sobre los cambios en Ganancias que solucionarán la situación no sólo de Santa Cruz, sino de todos los sectores que tienen mínimos en los convenios colectivos que quedaron alcanzados por el impuesto. Esta vez la crisis estalló entre los petroleros, pero con seguridad Hugo Moyano deberá trabajar mucho para que el próximo levantamiento por este tema no sea en su gremio.

Capitanich había puesto énfasis también en el problema de los fondos provinciales: «Si se aumenta 25% el mínimo no imponible habrá un costo fiscal de $ 589 millones, de los cuales $ 284 millones corresponden a las provincias». Ningún gobernador aceptará tal cesión de fondos.

En algo todos están de acuerdo, aunque sean kirchneristas: la Argentina tiene hoy un sistema tributario heredado de la convertibilidad, más todos los impuestos que le agregaron en medio de la crisis. «Esta presión tributaria no se puede tener toda la vida», coinciden incluso dentro del oficialismo.