El ajuste llega ahora a organismos de control

El peronismo relanzará hoy una ofensiva para bajar el gasto del Estado y reestructurar varios organismos, entre ellos, la Auditoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura, además de suprimir la Oficina Anticorrupción por superposición de funciones con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

La movida parlamentaria responde, en parte, a la inquietud de Adolfo Rodríguez Saá por modificar la Constitución nacional, aun cuando estos cambios en marcha pueden realizarse con un simple trámite en el Congreso, sin necesidad de convocar una convención reformadora.

La Auditoría, cuya cabeza quedó ayer a disposición del radicalismo tras la renuncia indeclinable del peronista Rodolfo Barra, será reducida de 7 a 5 miembros, según un proyecto presentado por la senadora sanluiseña Liliana Negre de Alonso y que cuenta con aval mayoritario de la bancada PJ. También se propone bajar el número de cargos que asciende a 444 y que cuesta más de $ 20 millones en el Presupuesto 2001.

• Habilitación

Barra le envió ayer la dimisión por escrito al presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, y le habilitó una butaca a la oposición. El ex ministro de Carlos Menem señala que, con su paso al costado, «se asegurará, aun en esta etapa de gobierno interino, el más adecuado control de legalidad, gestión y auditoría del sector público nacional». La Constitución establece que esa silla no puede ser ocupada por un dirigente oficialista.

Por la UCR, ya se largaron dos candidatos. Se trata de Héctor Rodríguez, quien se desempeñó sucesivamente como responsable de la recaudación impositiva y vicejefe de gabinete durante la gestión de Fernando de la Rúa, y de Alfredo Vítolo, actual integrante del Consejo de la Magistratura, adonde desembarcó con el aval del delarruismo.

Mientras los radicales dirimen postulaciones, los senadores avanzarán con la iniciativa de la delegada de Adolfo Rodríguez Saá en la Cámara alta. De acuerdo con los cálculos de la legisladora, la AGN tiene un presupuesto de $ 27.436.000, de los cuales $ 20.017.000 corresponden a gastos de personal. En el caso de la Sindicatura General -otros de los organismos que serían racionalizados-, dispone de $ 23.687.865, con 377 puestos que cuestan $ 16.174.505. En total, ambas instituciones dan trabajo a 821 empleos que se llevan $ 51.123.865.

La eliminación de la Oficina Anticorrupción derivará en el traspaso de funciones a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, ya que -a juicio de la legisladora- es «innecesaria la existencia simultánea de dos organismos con similares atribuciones y funciones».

Por último, los animadores del Consejo de la Magistratura -encargados de nombrar y remover magistrados- podrían quedarse sin salario, en el supuesto de que prospere el proyecto de Rodríguez Saá que transcribió al lenguaje legislativo Negre de Alonso y que está inspirado en el similar de la provincia de San Luis, donde los puestos son ad honorem.

Salvo los representantes del Congreso y del titular del cuerpo -Julio Nazareno-que cobran en Senado, Diputados o la Corte Suprema, se les permitirá a los consejeros mantener su actividad profesional para vivir, sin dinero estatal.

La senadora sostiene que el Consejo de Jueces cuesta $ 7.041.016 (más de 80% se destinan a sueldos), a los que hay que adicionar $ 3,5 millones que gasta el jurado de enjuiciamiento.