28 de septiembre 2004 - 00:00

El Estado vuelve a operar los servicios de trenes de larga distancia

El Gobierno nacional dispuso que el Estado reasuma la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros cuyo trazado sea interprovincial, de acuerdo con un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

De este modo, el Poder Ejecutivo derogó un decreto que estaba vigente desde julio de 1992, por el cual se habían suprimido, a partir del 31 de ese mes, todos los servicios interurbanos que prestaba la empresa Ferrocarriles Argentinos, a excepción del corredor Buenos Aires-Mar del Plata-Miramar.

Ahora, a través del decreto 1261/04, el presidente Néstor Kirchner facultó al Ministerio de Planificación Federal para que "arbitre las medidas necesarias para proceder a la rehabilitación" de los ramales que fueron abandonados, que provocaron "la destrucción económica y social" de numerosas ciudades del interior del país, según el decreto elaborado por el Gobierno.

Además, se estableció que los trenes que circulan en el interior de las provincias podrán ser operados por los gobiernos de esos distritos, "tanto en los casos que se encuentren en actividad como aquellos que en el futuro se presenten para su habilitación".

Por su parte, la Secretaría de Transporte deberá "determinar el uso y destino de los inmuebles correspondientes a predios ferroviarios y los edificios directamente necesarios para las operaciones ferroviarias", según se señaló en el decreto que lleva la firma de Kirchner y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que cuando en 1992 el entonces presidente Carlos Menem suprimió los servicios interurbanos de pasajeros, se pensó que los trenes serían reemplazados por los micros.

"Pero, en general, se dejó sin transporte a vastos sectores del interior del país, desvirtuando así una de las funciones esenciales del Estado Nacional, que es asegurar el transporte de personas por todo su territorio", puntualizó el decreto conocido hoy.

En ese sentido, el decreto resaltó que "el abandono al que se sometió a los pueblos vinculados a ramales ferroviarios que dejaron de utilizarse, generó el cierre de fábricas, talleres y comercios, con el inevitable aumento de la desocupación y el consecuente deterioro de la situación social de sus habitantes".

Además, señaló que el "pretendido desarrollo del transporte automotor, en detrimento del ferroviario, sólo provocó un marcado desequilibrio en la demanda, situación que derivó en la necesidad de volcar una mayor atención en las rutas nacionales, que no estaban preparadas" para un notable incremento del tráfico.

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