El Gobierno quita subsidios a los maestros, mientras ayuda a las escuelas privadas

Por decreto, el Ejecutivo decidió mantener un beneficio para que paguen menores contribuciones patronales. Por otro lado, eliminó los fondos para salarios.

El Gobierno quita subsidios a los maestros, mientras ayuda a las escuelas privadas.

En un contexto inflacionario complejo y con una fuerte disputa con las provincias en marcha, el Gobierno de Javier Milei decidió quitar los adicionales del Fondo de Incentivo Salarial Docente que beneficiaba directamente a los maestros, medida que anticipa un conflicto sindical, y al mismo tiempo, definió mantener vigente una rebaja de impuestos que beneficia a las escuelas privadas.

Se trata de una medida implementada a través de un decreto que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año el régimen conocido como Decreto 814, que permite a las escuelas tomar como pago a cuenta del IVA una parte de lo que abonan en contribuciones patronales. Cuanto más alejadas de la ciudad de Buenos Aires, mayor es el beneficio.

La verdad es que el Gobierno justifica la medida en dos razones que parecen contradecir sus afirmaciones respecto de que las provincias deben hacerse cargo de sus propios gastos, razón que empleó para decidir la eliminación definitiva de las ayudas para los maestros.

En los considerandos del decreto que se publicó este jueves en el Boletín Oficial se afirma que “el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”.

Una ayuda para los gobernadores provinciales

Al justificar la prórroga del beneficio, el decreto plantea la cuestión de los subsidios a las escuelas de gestión privada: “La mayoría de los establecimientos educativos privados goza de aporte estatal, siendo estos financiados únicamente por las Provincias, en virtud de la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones provinciales, atento lo establecido hace varios años por la Ley N° 24.049”.

El decreto del Gobierno precisa que con la ayuda se pretende evitar que crezcan los gastos salariales de las gobernaciones. “El incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”, indica la nota.

Una medida que busca morigerar impacto en inflación

La otra punta de la medida se entiende en que se procura evitar un mayor incremento de los costos de educación en momentos en que están por empezar las clases. En los casos de escuelas sin aportes estatales o con aportes parciales los establecimientos se verían forzados a incrementar las cuotas más allá de lo definido hasta ahora en función del incremento de costos producto de la inflación.

“En los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”, dice el decreto.

Sin continuidad para el FONID

El vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó la posibilidad de enviar los fondos para los sueldos y programas educativos que adeuda la Nación a las provincias. En su última conferencia de prensa, confirmó que el Gobierno no evalúa girar el Fondo Nacional de Incentivo Docente por lo que peligra el inicio de las clases.

“En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, remarcó al respecto a pesar de los reclamos de los gobernadores y distintos gremios docentes. Eso explica en que la ley que se vino prorrogando desde 1998 hasta ahora, perdió vigencia el 1ro de enero pasado.

El funcionario aseguró que los salarios “dependen de los gobernadores”, por lo que precisó que “cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee”. “Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases”, indicó.

Peligra el comienzo de las clases

Frente a ello, la secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, y el adjunto Roberto Baradel, anticiparon que el inicio de clases en las provincias depende de que el Gobierno envíe los fondos para el FONID.

“Para aquellos que subestiman la educación pública, hay que decirles que la educación pública seguirá de pie, enseñando, resistiendo y soñando”, expresó Alesso.