El martes firman nueva ley de coparticipación

El gobierno le comunicó anoche de manera informal al FMI que el próximo martes firmará con todos los gobernadores el acuerdo para una nueva ley de coparticipación. Esa iniciativa prevé un nuevo mecanismo de reparto de los tributos que incluye la cesión de un porcentaje del impuesto al cheque a cambio de que no haya más piso de garantía para cubrir la caída de la recaudación. Ni techo que limite el beneficio de todos sin aumentar la cobranza. Un reparto a suerte y verdad de lo que se cobra hoy con un porcentaje del tributo al cheque que asegure el monto de $ 14.200 millones con que han contado hasta ahora las provincias (piso de garantía establecido por José Luis Machinea de $ 1.364 millones menos 13%).

El proyecto cuya letra chica seguirán negociando en las sombras delegados provinciales con funcionarios del gobierno de Eduardo Duhalde prevé la derogación de todos los pactos fiscales firmados en los últimos quince años entre la Nación y las provincias.

El texto final del acuerdo que se firmará el martes (el lunes, fecha original, se postergó por el viaje del gabinete nacional a Santiago del Estero y Tucumán), se terminó de cerrar en la madrugada de ayer en una larguísima cumbre multipartidaria en Olivos. De ella participaron delegados de los gobernadores del PJ y la Alianza, los ministros Jorge Capitanich, Jorge Remes Lenicov y Rodolfo Gabrielli. Ese proyecto debe ir al Congreso y ser aprobado por la unanimidad de los legisladores sin merecer debate por tratarse de una leyacuerdo y lo terminó de redactar ayer el jefe de asesores de Gabrielli, el abogado mendocino Efraín Quevedo Mendoza, el mismo que redactó en 1991 para Domingo Cavallo y José Luis Manzano el primer pacto fiscal de la era Menem.

En la comunicación que hizo anoche de manera informal el gobierno al FMI se incluyó el pedido de una aprobación también informal del contenido del acuerdo o, si desaparición de suma fija y sin techo de manera de ser socias en un eventual aumento de la recaudación.

• Impuestos

En el acuerdo que se da prácticamente por cerrado se prevé que esta ley sea la primera de tres. A ésta seguirá en dos meses más una ley que aspira a reformar de fondo la forma de recaudar los impuestos en la Argentina descentralizando al máximo la percepción de los tributos. La Nación se aseguraría los impuestos al comercio exterior y aduanas mientras que las provincias cobrarían todos los impuestos al patrimonio y a las ganancias de las personas. IVA e Ingresos Brutos serían rediseñados en nuevos impuestos a la última venta o tax que también serían percibidos por las provincias e incluso algún tramo por los municipios.

Una tercera ley, que el gobierno cree podrá proponer antes de fin de año, tocará la coparticipación secundaria, es decir el porcentaje que le corresponde a cada provincia. Ese distribuidor fue establecido en una peleada ley de 1988 (la 23.548 y sería reemplazado por criterios más elásticos administrados por el Organismo Fiscal Federal que está previsto como organismo colegiado por el texto de la nueva Constitución reformada en 1994 (art. 75°). Nunca se creó, como tampoco se aprobó la nueva ley de coparticipación que decía estar lista en diciembre de 1996. Ese instituto, en el que deben estar representadas todas las partes, deberá -según los proyectos acercados por Juan Carlos Romero y el economista Rogelio Frigerio III- distribuir esos fondos según criterios de solidaridad para compensar regiones pobres y regiones ricas del país.

El proyecto que ayer fue girado a gobernadores y autoridades del Congreso falta definirse en detalles que algunos consideran innegociables aunque nadie cree impidan la firma del acuerdo el martes. Uno es qué porcentaje de la ley de cheque se llevarán las provincias. El texto dice 20% pero en realidad eso 9,4% real porque debe repartirse con Nación y el régimen previsional. Otro es la insistencia en la pesificación 1 a 1. «¿Hay alguna empresa más importante que una provincia? ¿Entonces por qué las empresas pesifican 1 a 1 y nosotros 1 a 1,40?» es el argumento en que insisten los gobernadores.

A esto la Nación responde que no puede asignar más que 20% (y no la totalidad) del impuesto al cheque porque el FMI nunca admitiría más dinero a provincias. Con este acuerdo es cierto que se confirma lo que venían recibiendo (piso de $ 1.364 menos 13%) pero sin piso ni techo.

A la pesificación responden que la Nación renegociará deuda a 1,40 y que no puede subsidiar a nadie, algo que impediría un acuerdo con el FMI. Tan ardida fue la discusión que el gobierno estudiaba anoche una propuesta del senador Ramón Puerta de organizar una misión de gobernadores para que viaje la semana que viene a Washington para explicar la situación de las provincias e intentar desmontar lo que considera es una demonización de las provincias instalada hace años en los organismos internacionales por Domingo Cavallo.

El acuerdo a firmar el martes también quedará volcado en el nuevo presupuesto. Por eso se demoró la sanción del cálculo de gastos de 2002 hasta la semana que viene (ver nota aparte). En ese lapso las partes revisarán detalles del proyecto, que se articula en estos detalles:

• Se suman a la masa coparticipable todos los fondos que provienen de impuestos con asignación específica (vivienda, tabaco, fondo de desarrollo eléctrico, etc.), que se modifica el reparto primario entre la Nación y los estados establecido en la ley de coparticipación que se votó bajo el gobierno de Raúl Alfonsín pero se respeta el reparto secundario, es decir el porcentaje que le corresponde a cada provincia del total destinado al conjunto.

• Como se adelantó, la propuesta también implica la asunción por parte de la Nación de la deuda que las provincias mantienen con bancos y por emisión de bonos por cerca de $ 16.000 millones (llamada deuda del Canje 1).

• Esa deuda será pesificada al cambio de $ 1,40 por cada dólar, contra la opinión de las provincias que hasta anoche seguían pidiendo pesificación 1 a 1 como las empresas privadas.

A cambio de esa cesión, que las libera del pago de capital e intereses, las provincias cederán parte del dinero que les debería dar la Nación mes a mes por el nuevo sistema. Contra esa deuda, la Nación emitirá un bono a 16 años con tres de gracia a 16% anual.

• Quedará por discutir el trámite que darán las provincias al resto de la deuda, otros $ 14.000 millones de deuda con organismos internacionales, personal con sueldos atrasados, proveedores.