El panorama de las provincias que analiza Anoop Singh para el Fondo

Son protagonistas casi excluyentes en la búsqueda de un acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Por eso, sobre la mesa de negociaciones se amontonan cada vez más informes sobre la situación de las provincias. La radiografía desnuda el crítico escenario en el cual los gobernadores, a regañadientes, intentan cumplir con las exigencias de ajuste.

En rigor, la consigna de recortar 60% el déficit 2002 aprieta en forma selectiva a las provincias. Una diferencia que se agranda día a día, quizá porque la gravedad de la situación de las que peor están crece en forma exponencial.

En algunas, como en San Luis, el gobierno proyecta cerrar este año con superávit, ya hizo ajustes en los tres poderes del Estado a pesar de que no tiene urgencias y paga sus sueldos los dos últimos días hábiles de cada mes, totalmente en pesos.

En la otra punta del ranking se amontonan, entre otras, Entre Ríos y San Juan, donde la crisis jaquea a dos gobernadores radicales, Sergio Montiel y Alfredo Avelín.

El caso entrerriano pinta un esquema que amenaza con repetirse en otros puntos del país: Montiel acaba de esquivar un juicio político, ni piensa en hacer ajuste, adeuda sueldos por hasta cuatro meses (según el sector) y se desespera por lograr que la Legislatura le autorice una nueva partida de bonos federales, esta vez, por 212 millones de pesos.

•Emisiones

Mientras que el gobierno nacional y el FMI buscan la fórmula para evitar la emisión de nuevas cuasi monedas, no sólo Montiel trabaja contrarreloj para agrandar el festival de títulos: Río Negro acelera el proyecto de creación de su Petrobono, Mendoza y Chubut avanzan con un proyecto similar, y San Juan ya aprobó días atrás una emisión de 50 millones de huarpes.

El país está inundado de bonos, ya que circulan ya títulos por $ 4.919 millones, de los cuales $ 2 mil millones son Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP).

El FMI tiene entre ceja y ceja la eliminación de las cuestionadas cuasi monedas. Sin embargo, se extendió tanto el uso que las provincias hacen de los bonos que incluso hoy por hoy sólo tres provincias -San Luis, Santa Cruz y Neuquén-y la Ciudad de Buenos Aires abonan sus compromisos salariales 100% en efectivo.

El resto manotea el salvavidas del bono para cumplir con los sueldos, en porcentajes que varían según el estado de las arcas locales. Incluso en algunas billeteras de empleados estatales, tras cobrar el sueldo se amontonan dos tipos de bonos (el local y el LECOP) y los pesos.

A algunas, sin embargo, ni eso les alcanza: las deudas salariales se acumulan en Entre Ríos, San Juan, Corrientes y Formosa.

El escenario es más que preocupante, y en algunos casos, se oficializó con la entrada en el default. Tocaron ese estado en los últimos meses las provincias de Buenos Aires, Chubut, Chaco, Mendoza, Río Negro y Tucumán.

Por exigencia del FMI, las provincias deben reducir el déficit en alrededor de $ 3.300 millones respecto de 2001. El mayor esfuerzo está en manos del bonaerense Felipe Solá, que deberá recortar más de 1.500 millones. El año pasado el rojo fue de 2.904 millones.

Si bien buena parte de los gobernadores asegura que no está en condiciones de implementar nuevos ajustes, ante la presión creciente del FMI hace números para achicar 60% el déficit de este año.

Como un eco, en distintos puntos del país se repite una consigna: «No echaremos empleados públicos ni bajaremos los salarios». Sin embargo, en la mayor parte de los casos todo parece indicar que si no se ajusta en este ámbito, no podrán efectuarse recortes de relevancia.

Según un informe de «Economía y Regiones», que dirige Rogelio Frigerio, el gasto en personal es el de mayor importancia: representa 52% del total, y además es el único que se muestra en franca expansión en los últimos años.

Allí se detalla que si se opta por bajar salarios, el tijeretazo promedio en todo el país sería del orden de 20%, mientras que si se decide suspender el aguinaldo ($ 1.430 millones), la reducción sería de 8%.

Pero los mandatarios se niegan a apelar a este recurso, y se entiende el temor si se tiene en cuenta el número de empleados públicos cada mil habitantes en el interior del país (por caso, 89,2 en La Rioja y 73 en Catamarca).

En medio de este cuadro complicado, agravado por la abrupta caída de la recaudación local y de los envíos de coparticipación (la baja fue de cerca de 30% en marzo), las provincias avanzan lentamente con el ajuste.

En Buenos Aires, que debe hacer 51% del ajuste total que pide el FMI para el lote de provincias, el presupuesto 2002 contempla un recorte de 1.300 millones de pesos, mientras que lo propio pretende Córdoba, con otros 471 millones.

•Incógnitas

Otras se apresuraron a hacer los deberes. En Salta, por caso, aseguran que bajaron el gasto público 33% durante el primer trimestre de este año. En un tercer grupo de provincias, en cambio, el plan de gastos para este año -y, por lo tanto, el recorte-aún es una incógnita.

En lo que respecta puntualmente al ajuste del gasto político, hay pocos casos de avance concreto. Por ejemplo, en Córdoba desde diciembre pasado la Legislatura es unicameral (son $ 20 millones menos por año), mientras que en La Rioja una reforma reciente bajó 25% el número de diputados y 50% el de concejales. En Buenos Aires, en tanto, se eliminaron secretarías y se fusionaron ministerios.

En otros puntos del país, el recorte de la política está en proceso de debate, como en Misiones, donde quieren eliminar 10 o 12 bancas de diputados.

Sin embargo, en general, predomina el tijeretazo que no apunta a reformas estructurales, sino a bajas de sueldos de legisladores y asesores, y a poda de gastos. Un retaceo más que, ante la creciente presión del FMI para achicar el gasto en las provincias, amenaza con tornarse insostenible.