Hasta ahora, los empresarios y los sindicalistas sólo llegaron a un acuerdo dentro de las negociaciones por el «Trabajo Decente» que impulsa el gobierno. Las dos partes aceptarían aplicar un blanqueo laboral para empleados en negro, a cambio de poder tomar a cuenta de IVA y Ganancias todo o parte de los aportes previsionales de esos trabajadores. Como los resultados de esta rueda de negociaciones son vinculantes y no requerirían aprobación por ley desde el Congreso, si finalmente se llega a un acuerdo definitivo, la medida podría reglamentarse antes de fin de año. Fuera de este capítulo, la rueda de discusiones organizada por el Ministerio de Trabajo que dirige Graciela Camaño por ahora no logró acuerdos en áreas como la duración de la jornada laboral, el régimen indemnizatorio y la movilidad dentro de las empresas. Inclusive Hugo Moyano propuso reabrir el temible e inflacionario Consejo del Salario.
El posible blanqueo para trabajadores en negro, que permitiría tomar a cuenta de IVA y Ganancias los aportes previsionales de estos empleados, es hasta ahora el único punto de contacto entre los empresarios y los sindicalistas, dentro de las negociaciones por la Mesa de la Promoción del Trabajo Decente que organiza el Ministerio de Trabajo. Este punto, discutido dentro de la mesa de Empleo No Registrado (una de las cuatro habilitadas) dentro de estas jornadas, prácticamente está consensuado entre los representantes de las empresas y los gremios que participan de estas ruedas de discusiones, y solamente restaría incorporarle contenido técnico y administrativo. Luego, debería ser estudiado por el Ministerio de Economía, que tendría que efectuar un último informe sobre el posible costo fiscal para que probablemente antes de fin de año la medida pueda ser tomada. Como los resultados de esta rueda de negociaciones son vinculantes, el ministerio de Graciela Camaño podría reglamentar directamente el blanqueo y habilitar el resto de las decisiones en donde haya consenso entre empresarios y sindicalistas por decreto sin pasar por el Congreso. El problema que tendría la aprobación de este blanqueo es que los gobernadores podrían boicotear la medida, ya que implica una potencial caída de sus ingresos vía coparticipación al tomarse los aportes previsionales a cuenta de IVA y Ganancias. Además, podría tener algún tipo de problemas de aprobación por parte del FMI, que vigila constantemente el costo fiscal de las decisiones de la Argentina. Otro tema donde habría un cierto avance es en la incorporación dentro de los salarios de los 100 pesos de aumento que rigen desde junio pasado.
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La diferencia que se mantiene entre los empresarios y los sindicalistas es que los primeros quieren que dentro de ese monto se incorporen los aportes a la seguridad social, mientras que los gremios reclaman que estos pagos (aproximadamente 11% de los sueldos en promedio en la actualidad) se liquiden fuera de los 100 pesos. Para los empresarios (y también para el gobierno de Eduardo Duhalde), esta alternativa sería preferible a la que intentó imponer dentro de las negociaciones el camionero de la CGT disidente Hugo Moyano, que reclamó la apertura total de las discusiones dentro del Consejo del Salario, que directamente podría impulsar una carrera de incrementos de los sueldos y, consecuentemente, de los precios. Ayer Hugo Moyano insistió en este punto al asegurar que «el Ministerio de Trabajo debe convocar al Consejo del Salario, que es el ámbito legal donde se debe discutir un aumento del haber mínimo». Ayer también algunos empresarios de los sectores del comercio y de la construcción, que mantienen los índices más altos en el no pago de los 100 pesos, aseguraban en la mesa de negociaciones que tendrían dificultades para incorporar ese dinero al salario y reclamaron la alternativa de negociar una cifra menor.
En el resto del temario discutido dentro de esta rueda de negociaciones, no hay mayores resultados, y las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo. Uno de los puntos donde menos se avanzó fue en las discusiones sobre la duración de la jornada laboral. Ayer la Unión Industrial Argentina (UIA) pidió la modificación del régimen indemnizatorio que habilitaría la suspensión de empleados con el pago de 50 por ciento de su salario y, si no hay una recuperación económica, se procedería al despido del trabajador computando en su indemnización lo abonado durante la suspensión. Según Rodolfo Daer, de la CGT oficial, no se apoyará esta medida porque «no se va a negociar creando trabajadores de segunda».
• Indemnización
Otro punto que continuará en las negociaciones la próxima semana es el mantenimiento del pago de la doble indemnización hasta marzo próximo. Según la negociadora del Ministerio de Trabajo, Noemí Rial, la medida no se prorrogaría, más allá del reclamo que hizo Hugo Moyano, que pidió que esta decisión, que en su momento tomó Eduardo Duhalde, se mantenga por decreto durante todo 2003.
Tampoco hay avances en las posibilidades de reducción de las horas extra de trabajo a cambio de la incorporación de nuevos empleados. Como la CGT rechaza este esquema como la eliminación potencial de la doble indemnización para las empresas que reduzcan las horas extra, la medida está trabada.
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